Javier Tagliani (19)  y Pablo Córdoba (18) quedaron detenidos en prisión preventiva por 3 meses imputados de la figura delictiva de “robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda” cometido el jueves pasado a las 11 de la mañana en el local “Gamer Zone” ubicado en avenida Gales al 160.

Esa mañana tres sujetos ingresaron armados, amenazaron al dueño del local, lo ataron y le pusieron una bolsa en la cabeza. “Robaron dinero y elementos, como teléfonos, computadoras, play station, entre otras”, indicó la fiscal del caso, María Alejandra Hernández, quien destacó el trabajo de la División de Investigaciones en detectar, a través de diversos sistemas de video vigilancias privadas, a los sindicados como autores del robo.

Renguera delatora

La Policía recreó el recorrido a través de cuatro cámaras de diferentes locales comerciales y descubrió como los sospechosos ascendieron a una camioneta Meriva, que estaba estacionada a varias cuadras de donde se cometió el robo. Entre las características que identificó la policía es que uno de los sospechosos “al caminar ya que lo hace con dificultad, con una renguera en una de sus piernas”. 

Entre los fundamentos dados estuvo que “se consiguen dos capturas en las que se consigue una vista de gran valor ya que de ellas surgen características faciales particularidades al menos de los sospechosos Nro. 1 y 3, como ser forma del rostro, nariz y ojos”, indicó Hernández respecto a Pablo Javier Tagliani, de 19 años; y a Pablo Córdoba, de 18 años. Los mismos sujetos “habían sido detenidos hace un mes cuando dañaron el local de automóviles Autos del Sur, ubicado sobre Avenida Gales al 1200, quienes al activarse la alarma huyeron a bordo de una camioneta Meriva”.

En la audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada en tribunales, la defensora pública Angélica Leiva se opuso a la medida de coerción y sostuvo que “no tienen nada, piden la preventiva por si las moscas”. Pero sus argumentos fueron rechazados por la jueza Patricia Reyes y se dispuso que continúen en prisión preventiva mientras prosigue la investigación judicial que busca llegar a juicio oral y público. En caso de ser condenados, la pena por este delito tiene un mínimo de seis años de prisión.