Las autoridades pesqueras del Chubut observan con preocupación el complejo y entramado escenario que atraviesan las firmas producto de la pandemia y la caída de las operaciones comerciales. La preocupación radica en los efectos que el COVID-19 puede generar en lo social y laboral de Puerto Madryn. Muestra de ello es la nota presentada por la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras- CAPIP- presentó una nota ante el gobierno provincial “un pedido de declaración de emergencia de la pesca” fundada en la situación económica que están atravesando por la pandemia del COVID-19.

No sólo se apunta a la declaración de la emergencia sino que  los empresarios advierten que “necesitan descomprimir el 50 por ciento de sus costos que representa el mantener trabajo sin producir”. El planteó empresarial, según la interpretación del subsecretario de Pesca, apuntaría a una “reducción del personal al 50 por ciento” que llevado a cifras concretas sería que “si ocupan 4 mil empleados en Puerto Madryn y necesitan descomprimir el 50 por ciento de la masa salarial significa reducir el sueldo, que asusta a los sindicatos, o la pérdida de 2 mil empleos, que asusta a la provincia” dijo Gabriel Aguilar.

El funcionario provincial  comentó que CAPIP  planteó, en el escrito, la alternativa de “cerrar las plantas de acá al 1º de diciembre. Esto hará que pasemos una situación de extrema necesidad por la pandemia sumado a que habrá trabajadores que se quedarán sin trabajo”.

Junto al pedido de declaración de la emergencia en la pesca del Chubut, las autoridades de CAPIP  solicitaron que “el gobierno provincial tomé medidas de alivio con relación a las plantas y que ayudemos para que se negocie con el Sindicato de la Alimentación (STIA) la posibilidad de una reducción salarial o plantear un procedimiento preventivo de crisis”.

Con respecto a este último punto, el funcionario provincial manifestó que desde la cámara “nos están pidiendo la posibilidad de desactivar los convenios colectivos de trabajo. Esa sería la primera finalidad que tiene el procedimiento preventivo de crisis”.

Esto genera la preocupación entre los trabajadores y sindicatos porque esa decisión podría conllevar una quita salarial mediante acuerdos de partes, tal como ocurrió en el sector metalúrgico donde se acordó una reducción del 30 por ciento como consecuencia de la pandemia.

El movimiento que el sector pesquero realizó generó una preocupación creciente por tratarse de un generador de empleo directo e indirecto en la ciudad, cuya parálisis puede profundizar la crisis existente. Desde el sector gubernamental se intentará generar una mesa de negociación para procurar acordar entre las partes que permitan un escenario de tranquilidad. 

Aguilar explicó que otra de las alternativas planteadas por CAPIP es “cerrar las plantas de acá al 1º de diciembre. Esto hará que pasemos una situación de extrema necesidad por la pandemia sumado a que habrá trabajadores que se quedarán sin trabajo”.