Días atrás, funcionarios de la Oficina Penal y del Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa se acercaron a los colegios donde distintos grupos de jóvenes ejercen su derecho a protesta como consecuencia de la crisis educativa. El recorrido tuvo por función conversar con los alumnos para conocer el fondo de sus reclamos y la forma en que están organizadas las ocupaciones, como así también informar sobre los servicios que presta la Defensoría. 

Las actividades se concretaron en el marco del dispositivo de prevención de la violencia institucional cuya función específica es brindar información sobre la problemática de la violencia policial en el ámbito de la sociedad civil.

En la escuela Nº 703 se realizó el taller de difusión de derechos, donde los funcionarios de la Defensoría dieron a conocer cuáles son las principales diligencias que tienen a cargo las fuerzas policiales en la vía pública en el ejercicio del servicio de seguridad.

En el encuentro se repasaron algunas vulneraciones al derecho a la libertad de tránsito y al derecho a la intimidad, fundamentalmente en ocasiones en que se solicitan documentos o se efectúan requisas sin orden judicial, remarcando que el derecho a la salud y a la dignidad detentan carácter absoluto y por ello los funcionarios policiales no pueden utilizar métodos intimidatorios ni aplicar malostratos, sean físicos o verbales, en el ejercicio de esas diligencias. Se encontraban jóvenes que habían sido representados por los funcionarios de la defensoría que expusieron sus experiencias personales en situaciones de hostigamiento policial, circunstancia que contribuyó a la riqueza del intercambio.

Por su parte, en la escuela 728 y en la escuela 736, los funcionarios repasaron algunos de los conceptos tratados en la escuela 703 y, también, utilizando soporte audiovisual, se abordaron otro tipo de situaciones como: el gatillo fácil, subrayando que se trata de un fenómeno que tiene vigencia en los medios de comunicación nacionales como consecuencia de la política de seguridad promovida por Patricia Bullrich.

En este sentido, se recalcó que el uso del arma reglamentaria está reservado para situaciones concretas en las que corre peligro la vida de terceros o del propio funcionario policial, y que se trata de intervenciones que requieren de un gran temperamento y profesionalismo; casos de uso de la fuerza, recalcando que el personal policial detenta la potestad legal de reducir a las personas y por ello la violencia empleada tiene que estar destinada exclusivamente a cumplir con ese fin, debiendo en todos los casos, y sin excepción, abstenerse de lesionar el cuerpo de la persona reducida.

Además de ello, los funcionarios de la defensoría remarcaron la importancia que tiene la policía en una sociedad democrática y que como se trata del órgano cuya función principal es prevenir e investigar el delito para sostener la legalidad del estado de derecho, la función policial requiere de un comportamiento moral intachable y de un profundo compromiso con la ética pública.

Que a partir de estos factores resulta trascendental el control ciudadano de las fuerzas de seguridad y, ante una situación de abuso o arbitrariedad policial, es importante hacerse asesorar por un defensor a los fines de evaluar si es necesario interponer alguna acción judicial. También hicieron saber que las intervenciones de la fuerza de seguridad detentan carácter público y están sujetas al paradigma de la transparencia, circunstancia por la cual, ante alguna irregularidad, los ciudadanos tienen el derecho de registrar imágenes de la actividad policial utilizando sus celulares y los funcionarios policiales se encuentran obligados a soportar que se filme su actuación.

Por último, que como miembros de un estado de derecho es importante comprender que el servicio de seguridad se presta en detrimento de personas que deben ser tratados como sujetos de derechos y no como enemigos, por lo cual la labor policial y judicial está destinada a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. De ahí que la respuesta punitiva se encuentra reservada a situaciones sumamente graves y excepcionales, debiendo priorizar otras formas de administrar justicia como por ejemplo la reparación del daño causado.