En el día de ayer, la Senadora por Chubut, Nancy González presentó en el Senado de la Nación, un proyecto de ley que declara la Emergencia Tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2019. Dicho proyecto, prohíbe todo incremento de tarifas en los siguientes servicios públicos: energía eléctrica, gas natural, agua potable, por el plazo de un año a partir de la sanción de la presente ley. Las empresas prestatarias de los distintos servicios mencionados se deberán abstener de efectuar cortes en el suministro motivados por falta de pago.

 El proyecto habla de un Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que tiene por objetivo principal evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan. Se deberá contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios públicos contemplados en la presente ley. También se hace referencia a quienes son los beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos.

 En Diciembre de 2018 Argentina entró oficialmente en recesión. La caída del Producto Bruto Interno se ubicó entre las más alarmantes del mundo, por debajo de -3.5%. En la historia de nuestro país, hay que retrotraerse al año 2002 para encontrar pérdida de poder adquisitivo, desplome de la actividad y una inflación como las que acompaña esta cifra. Los primeros meses del 2019 no muestran signos de recuperación sino de profundización de la estanflación: inflación combinada con caída de la actividad.  

“Ante este escenario es necesario tomar medidas urgentes para paliar las situaciones complejas que vive el conjunto de la sociedad como producto de la crisis económica. En este sentido, es preciso subrayar que los servicios públicos deben ser interpretados como derechos básicos protegidos por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales. Ni la pérdida de poder adquisitivo ni el aumento del precio debe interrumpir el acceso a los servicios básicos: la electricidad, el gas y el agua deben ser considerados como derechos humanos”, comento al respecto la Senadora González.

Durante el período diciembre de 2015 y diciembre de 2018 las tarifas de energía eléctrica se incrementaron un 2.303%, mientras que la tarifa de gas se incrementó un 1.752%. En el caso del agua el aumento fue de 655%. La incidencia del gasto en estos servicios y transporte ha crecido en forma significativa, pasando del 6.3% del Salario mínimo vital y móvil a fines de 2015 a más del 23.5% en la actualidad.

“La oposición en el Congreso ha cuestionado una y otra vez la política tarifaria del gobierno. A comienzos del año 2018, fruto del trabajo colectivo, en el Congreso de la Nación se votó una ley que buscaba ser un alivio para los usuarios y usuarias de servicios públicos. Dicha ley fue vetada a pesar del fuerte reclamo de la sociedad”, concluyo la Senadora.