El pasado 25 de septiembre el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, dictó la Resolución N° 268/18 en cuyo Anexo I establece el circuito administrativo para determinar la existencia o no de incompatibilidades y en consecuencia disponer la suspensión y/o caducidad de las pensiones no contributivas por invalidez.

Al respecto, la Senadora Nancy González advirtió que “…me llamó la atención la forma en que el Gobierno de Macri implementó esta medida que es muy importante para la gente porque puede implicar la pérdida de derechos. Prácticamente no le han dado ninguna difusión en los medios de comunicación…”, destacando que “…en estos casos no basta con que el gobierno cumpla con la formalidad de la publicación en el Boletín Oficial porque la mayoría de las personas, sobre todo nuestro abuelos, no miran el Boletín y se están poniendo en riesgo sus derechos…”

Es importante destacar que, en lo que respecta a los beneficiarios de las pensiones no contributivas, la resolución establece un plazo muy breve para hacer valer sus derechos. Hay que tener en cuenta que desde el momento en que una persona es notificada de la presunta incompatibilidad tiene un plazo de tan solo DIEZ (10) días hábiles administrativos para llamar al número 130 y coordinar un turno en la oficina de ANSES más cercana a su domicilio, donde deberá concurrir con toda la documentación para efectuar el correspondiente descargo.

En relación con la medida en sí misma, y más allá de la preocupación inmediata y urgente por lograr que los beneficiarios de las pensiones no contributivas no pierdan sus derechos por desconocer los procedimientos administrativos, la Senadora se mostró sumamente preocupada por las decisiones y las medidas que está impulsando el gobierno del Presidente Macri.

La Senadora, quien siempre ha trabajado enfocándose especialmente en cuestiones vinculadas a la Seguridad Social, criticó duramente el rumbo económico adoptado por el gobierno de Macri y Cambiemos, expresando que “…esta medida no es un hecho aislado sino que forma parte del modelo de ajuste que propone el gobierno. Han tomado la decisión de ir fuertemente contra los más débiles, los más desprotegidos, haciéndoles pagar el costo de su fracaso económico a los jubilados  y pensionados y a los niños. En los últimos meses hemos visto como el gobierno está intentando avanzar con los recortes en las asignaciones familiares, el año pasado recortaron las jubilaciones y ahora esto.

Asimismo, destacó que “…el objetivo final de este tipo de medidas es destruir el sistema de pensiones. Esto lo vienen denunciando en las últimas semanas los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. El gobierno muestra un grado de cinismo e insensibilidad que es preocupante, por eso yo sentí la necesidad de salir rápidamente a informar a la gente para que estén atentos y no pierdan sus derechos.”