Diputadas de la Provincia del Chubut encabezan los trabajos que pretenden generar cambios en la Ley XV N° 12 de Violencia Familiar y para ello convocaron para una labor conjunta a juezas de familia de distintas circunscripciones de la provincia, entre ellas las juezas madrynenses Delma Viani y Fernanda Palma.

El objetivo es profundizar la protección integral y se pretende establecer el impedimento de demoras y retrasos por parte de funcionarios públicos al momento de radicar una denuncia.

También se trabaja en la construcción de un Registro Unico para la Protección de las Víctimas de Violencia Familiar y Observatorio Provincial de la Violencia de Género en el ámbito de la Legislatura.

Además de las magistradas madrynenses, participaron las Jueces de Familia de Comodoro Rivadavia: Dras. María Marta Nieto y Diana Kasakevich; las Dras. Gladys Rodríguez y Silvia Apaza, ambas Magistradas de Trelew.

El encuentro fue convocado por la diputada Estela Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Género, y también participaron las diputadas Alejandra Johnson Táccari (ChST), Gabriela Dufour (FPV) y Jacqueline Caminoa (UCR-Cambiemos) y diputados Gustavo Fita (PJ-FPV) y Javier Cunha (Frente Agrupaciones).

Los jueces expusieron sus experiencias para lograr una apropiada normativa de Violencia Familiar, encontrándose en estado parlamentario dos proyectos, uno presentado por las diputadas J. Táccari, Cristina De Luca y Zulema Andén de “Chubut Somos Todos” y otro de la diputada María Cecilia Torres Otarola, bloque Juntos para Chubut.

Ambas iniciativas giran en torno a modificaciones de la Ley XV N° 12 de Violencia Familiar, la diputada Torres Otarola propone un proyecto de ley que sustituya el artículo 12°: “Ante la comisión de hechos de violencia comprendidos en la presente ley y que no constituyan delitos tipificados en el Código Penal, o el incumplimiento de las medidas cautelares, el Juez podrá, de oficio o a pedido de parte, y previo traslado al denunciado por el plazo de tres días e imponer sanciones”, tratándose de multas, prestación de servicios comunitarios, arresto de hasta 180 días en recinto policial, declarar existencia de falta grave a los fines del régimen disciplinario si el sancionado perteneciere a poderes estatales, a municipios adherentes a la ley y de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.

Además de prever suspensión automática para obtener habilitaciones, licencias o permisos, alcanzando la sanción también en caso de contratación con el Estado Provincial y Municipal, el Banco Chubut S. A. y ser adjudicatario, transferir o ceder viviendas construidas o financiadas por el Estado, u obtener planes de pagos o financiación de deudas impositivas o de tasas con el erario público.