Desde la organización de la Marcha Provincial del Orgullo preparan un pedido de informes al IPV ante la próxima adjudicación de 114 viviendas en Puerto Madryn. Buscan conocer cuántas personas trans están inscriptas y si las condiciones económicas exigidas contemplan las situaciones de vulnerabilidad del colectivo.

Ante la proximidad del proceso de adjudicación de 114 viviendas en Puerto Madryn, integrantes del colectivo LGBT preparan una presentación formal ante el Instituto Provincial de la Vivienda para conocer cómo se aplicará el cupo destinado a personas trans y, especialmente, cuáles serán las condiciones que deberán cumplir quienes aspiren a acceder a una unidad.

La legislación establece una reserva del 3% de las viviendas, lo que representaría alrededor de tres unidades en el próximo proceso de Puerto Madryn. Sin embargo, desde el colectivo advierten que garantizar una cantidad de casas no necesariamente implica garantizar el acceso efectivo si posteriormente se exigen condiciones que muchas personas en situación de vulnerabilidad no pueden cumplir.

Uno de los integrantes de la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo explicó que actualmente trabajan en un pedido de informes que será presentado ante el IPV para obtener precisiones sobre el mecanismo.

El problema aparece al momento de la adjudicación
Según explicaron, la inscripción inicial no presenta grandes diferencias respecto de cualquier otro postulante. La persona debe declarar su identidad y presentar la documentación correspondiente.

“Lo que es la inscripción es muy fácil, porque los requisitos son los mismos. Al momento de la evaluación para la adjudicación, ahí vienen los problemas”, señalaron.

El cuestionamiento está relacionado principalmente con la acreditación de ingresos y la exigencia de codeudores.

Desde el colectivo sostienen que una proporción de la población travesti-trans desarrolla actividades dentro de la economía informal y, por lo tanto, encuentra mayores dificultades para documentar formalmente sus ingresos.

Según explicaron, una persona puede declarar determinados ingresos ante un Juzgado de Paz, pero al momento de evaluar una adjudicación podría requerirse una certificación contable respaldada por documentación formal.

“Una persona trans que trabaja en la calle o en la noche no puede justificar sus ingresos. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué hacemos con una persona que está en situación de calle, que vive el día a día?”, plantearon.

¿El cupo garantiza una vivienda o solamente un lugar diferenciado?
Ese interrogante será uno de los ejes centrales del pedido al IPV.

Desde la organización quieren determinar si el 3% implica únicamente separar una determinada cantidad de viviendas del sorteo general para que luego accedan quienes logren reunir todos los requisitos ordinarios, o si el régimen contempla mecanismos específicos para atender las condiciones socioeconómicas de la población a la que pretende beneficiar.

“Lo que queremos saber es si el hecho de que sean viviendas para el cupo significa solamente asegurarnos que hay tres viviendas y quien puede acceder, accede, o si realmente van a tener en cuenta ciertas situaciones de vulnerabilidad”, explicaron.

La inquietud, señalaron, también puede extenderse a otros grupos alcanzados por regímenes especiales, como personas con discapacidad o mujeres en situación de violencia.

Piden conocer cuántas personas trans están inscriptas
Otro dato que buscan obtener es cuántas personas podrían estar actualmente en condiciones de participar del cupo en Puerto Madryn.

Por ese motivo mantuvieron una reunión con la directora municipal de Diversidad, Jasmín Berra, y solicitaron información que permita conocer el nivel real de inscripción y acceso.

“Necesitamos saber si hay un listado y cuántas personas hay, porque tampoco podemos pelear o pedir algo si tenemos dos inscriptos para tres casas”, ejemplificaron.

Desde la organización también indicaron que, de acuerdo con la información con la que cuentan, desde la sanción de la normativa en 2023 se habrían adjudicado cinco viviendas mediante el cupo en toda la provincia, un número sobre el que también pretenden solicitar precisiones oficiales al IPV.

“Eso nos lleva a preguntar por qué solamente cinco. ¿Son solamente cinco personas trans en toda la provincia que pudieron cumplir los requisitos? ¿Qué criterio se utilizó?”, cuestionaron.

Buscan respuestas antes de la adjudicación en Madryn
La intención es presentar el pedido formal en los próximos días y posteriormente mantener reuniones con autoridades provinciales para despejar las dudas antes del próximo proceso de viviendas en Puerto Madryn.

Desde el colectivo remarcan que el planteo no apunta a eliminar los mecanismos de evaluación ni las obligaciones económicas de quienes reciben una vivienda, sino a determinar si las condiciones establecidas permiten que el objetivo social del cupo pueda cumplirse en la práctica.

Para la organización, allí estará el punto central de la discusión: que la existencia de un porcentaje reservado no termine convirtiéndose únicamente en una garantía formal, mientras las personas que atraviesan las situaciones de mayor vulnerabilidad continúan sin posibilidades reales de acceder a una vivienda.