El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto que modifica la Ley 27.623, mediante la cual el Estado nacional transfirió a la Municipalidad de Puerto Madryn aproximadamente 525 hectáreas pertenecientes a la Armada Argentina, ubicadas en el sector sur de la ciudad. La iniciativa fue aprobada el jueves 29 de octubre con 43 votos afirmativos y 11 negativos.

La propuesta, presentada por la senadora chubutense Edith Terenzi, busca ampliar las posibilidades de desarrollo del denominado Ensanche Sur, extender los plazos para concretar su urbanización e incorporar nuevos actores a los procedimientos de adjudicación de tierras.

Uno de los principales cambios es la prórroga por diez años del plazo establecido en la legislación original, que fijaba una década para cumplir los objetivos de la transferencia. De obtener la sanción definitiva, el municipio dispondrá de tiempo adicional, hasta 2041, para avanzar con el desarrollo urbano y las obras de infraestructura necesarias.

La modificación resulta significativa porque la ley vigente contempla la retrocesión del dominio al Estado nacional si no se cumplen las condiciones establecidas dentro del plazo previsto.

Actualmente, la Ley 27.623 restringe esa participación a personas humanas que deben cumplir determinados requisitos. La reforma propone ampliar el universo de posibles adjudicatarios, mientras que las condiciones específicas de participación deberán ser establecidas mediante una ordenanza del Concejo Deliberante de Puerto Madryn.

La iniciativa también amplía los destinos previstos para las tierras. Además de viviendas e infraestructura de servicios, contempla expresamente espacios comerciales, educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos, parques y plazas públicas.

El objetivo es favorecer un desarrollo urbano integral, que no se limite a la construcción de viviendas, sino que incorpore los servicios y equipamientos necesarios para el crecimiento de ese sector de la ciudad.

Nuevos plazos para construir y habitar las viviendas
El proyecto también introduce modificaciones en las obligaciones que deberán cumplir quienes adquieran terrenos destinados a viviendas familiares.

Se establece un plazo máximo de cuatro años para construir la vivienda y de cuatro años y seis meses para ocuparla y habitarla efectivamente.

Además, se amplía de seis a diez años el período mínimo durante el cual los adjudicatarios no podrán vender ni alquilar los inmuebles.

Otra modificación determina que estos plazos comenzarán a contabilizarse desde la adjudicación del terreno, en lugar de hacerlo desde su entrega, como establece la legislación original.

Estas condiciones buscan garantizar que los lotes destinados a viviendas cumplan efectivamente su finalidad habitacional y limitar las operaciones especulativas.

Una iniciativa con antecedentes legislativos
La transferencia de las tierras fue aprobada por el Congreso nacional en mayo de 2021, mediante la Ley 27.623, a partir de una iniciativa impulsada originalmente por la entonces senadora Nancy González.

Posteriormente, la exdiputada nacional Eugenia Alianiello presentó una propuesta para modificar las condiciones de la cesión, que sirvió como antecedente del proyecto promovido por Edith Terenzi.

La legisladora chubutense fundamentó la necesidad de actualizar la normativa en las dificultades que presenta desarrollar un sector de semejante extensión bajo condiciones pensadas principalmente para viviendas individuales.

La incorporación de personas jurídicas permitiría ampliar las posibilidades de ejecución de proyectos comerciales, educativos, sanitarios y de infraestructura, bajo las condiciones que establezca el municipio.

El próximo paso será en Diputados
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados de la Nación.

Hasta que ambas cámaras aprueben la reforma y se complete el procedimiento legislativo correspondiente, continuarán vigentes las condiciones establecidas en la Ley 27.623.

La decisión del Senado representa un avance para el proyecto del Ensanche Sur, aunque la concreción de su desarrollo dependerá también de las decisiones urbanísticas, administrativas y de infraestructura que se adopten en Puerto Madryn.