Las legisladores y legisladores aprobaron una Comunicación dirigida al IPV con el fin de tratar de encontrar una salida a las abultadas cuotas que están recibiendo los beneficiarios de las casas entregadas en la zona norte.

Los montos son exorbitantes y superan las capacidades económicas de las familias que las habitan. Además de solicitar que no sean debitados los montos de las cuotas, se solicita al presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Carlos Simionati, a que concurra al cuerpo para entrevistarse con los legisladores a los efectos de encontrar una salida de fondo a un tema que mantiene en vilo a familias que residen en dichos barrios.

La comunicación expresa “solicitar al IPV – Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano- contemplar la posibilidad de no debitar de las cuentas bancarias la cuotas del mes de marzo del corriente año, ni aplicar los intereses que correspondieran, a los adjudicatarios de planes de viviendas en la provincia, hasta tanto no se evalúe la situación de las familias afectadas en forma individual y se cumpla, efectivamente, con el porcentaje de descuento sobre los ingresos familiares que impone la Ley Provincial XXV Nº 5 (antes Ley Nº1134)”.

En su articulado deja expresa constancia de “invitar al Presidente del IPV, Carlos Simionati, a una reunión informativa en el seno de este Cuerpo, a los efectos de interiorizarlo sobre la problemática puntual que viven adjudicatarios de viviendas de nuestra ciudad”.

Andrea Moyano, impulsora de la propuesta, dejó en claro que “resulta ilegal que el cálculo de las cuotas a pagar por los adjudicatarios de viviendas supere el 20 o 25% de sus ingresos, motivo por el cual resulta necesario que el IPV evalúe la situación de numerosas familias de toda la provincia que sufren situaciones de stress económico en virtud del sistema implementado para el cálculo”.

Además, recordó que “el proceso económico vivido durante los últimos años en el país, dejó severas consecuencia que recienten las economías domésticas, fundamentalmente, por el aumento de la desocupación y el alto índice de inflación que deprecia el salario de los/as trabajadores/as”. Además, “muchas familias beneficiarias de operatoria de viviendas del IPV, han tenido y tienen dificultades para mantener al día las cuotas que se abonan”.