La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut informó que solicitó al  Gobernador  convoque,  en  forma  urgente,  a  una    reunión  con  los  Ministros del Superior Tribunal de Justicia y a los titulares de los Ministerios Públicos,  para abordar de manera  conjunta la actual situación en la que se encuentra el  Poder  Judicial de la Provincia con el    propósito trasmitir  las graves  circunstancias que afectan directamente el acceso  a la justicia y la tutela judicial efectiva que impone  la normativa legal y constitucional, producto del atraso salarial que ya lleva más de dos años.

Conforme al actual cronograma de pagos, a principios de septiembre se consolidaría una deuda de tres meses de  sueldo y un medio aguinaldo.    Desde marzo de 2018 el pago de los salarios de todos los empleados públicos  provinciales  fue  retrasándose  significativamente.  Tanto  es  así  que  durante  el  año  2020,  en  virtud  de  ese  atraso, “hemos visto reducido un 40% de nuestros ingresos, pues en lugar de ocho salarios y medio hemos  percibido cinco” indica el comunicado.

Asimismo, se agrega que “comprendemos  la  situación  socioeconómica  generada  por  la  Pandemia  Covid  19,  de  la  que  ni  el  país  ni  la provincia han quedado al margen. Pero un atraso salarial como el que sufrimos pone en crisis la economía  de todos  los  trabajadores,  generando  una  serie  de  dificultades  financieras  y  perjuicios  económicos  concretos derivados de ese incumplimiento”.

El documento plantea que “integramos  un  poder  del  Estado  llamado  a  contener  la  conflictividad  social.  No  hay  dudas  de  que  esa conflictividad habrá de  incrementarse y puede adquirir dimensiones impensadas,    resultando    imprescindible la inmediata regularización del pago de salarios a fin de garantizar funcionamiento pleno del Poder Judicial, sin perjuicio de las medidas de bioseguridad sanitarias que se dispongan”.

Por  otro lado, “hacemos un especial llamado de atención de  la situación actual de la Caja de Jubilaciones  de nuestra  provincia  y    hemos  manifestado  que  es  de  absoluta  necesidad  trabajar  en  posibles  soluciones  que resuelvan el tema de la deuda histórica que tiene el Estado Provincial con dicho organismo”.

El otro aspecto que la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut “interesa abordar  se vincula a la necesidad de cobertura de  las  vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.  Creemos que  la  Administración  actual  tiene la oportunidad histórica, casi fundacional, de designar cuatro cargos en ese Alto Tribunal. Consideramos loable la decisión de convocar a una mesa política de consenso para la cobertura de dichos cargos”.

Sin  embargo,  agrega “entendemos  oportuno  señalar  que  ese  consenso  debe  construirse  a  partir  de  premisas indispensables tales como la idoneidad,  el respeto a los derechos humanos  y  la paridad de género.La Ley V Nro. 152 en su a artículo 4° dispone que la composición general del Superior Tribunal de la Provincia del  Chubut  contemple,  en  la  medida  de  lo  posible,  que  la  inclusión  de  nuevos  miembros  permita  reflejar  las diversidades de género, de especialidad y de procedencia regional dentro de un marco ideal de representación”.

Desde la Asociación se remarcó que “sería encomiable  que el Gobernador  interpretara  correctamente el verdadero sentido de dicha norma, cual es el de evitar que en igualdad de condiciones las personas sean excluidas de esos cargos por razón de su género. Es de público conocimiento que las mujeres chubutenses nunca han podido acceder a un cargo de ministra del Superior Tribunal de Justicia, aunque sin duda hubieron muchas con iguales o mayores condiciones de idoneidad que las reunidas por ministros designados, lo cual torna evidente la discriminación”.

En este sentido, la institución planteó que en “estos días el tema ha tomado repercusión pública y algunas versiones informan que se pretende realizar una interpretación errónea de la norma, limitando la equiparación sólo para las cuatro  vacantes  cubrir reduciendo, por ende, a dos los cargos para mujeres”.

Junto a ello, plantearon que “entendemos que un acto de  reparación histórica, verdaderamente respetuoso de la igualdad de género, impone que de los cuatro cargos vacantes, tres sean ocupados por mujeres, reflejando de ese modo la diversidad que propicia la ley citada, toda vez que las mujeres representamos  más del 50% de la población. Cabe aclarar que en modo  alguno  se  pretende  priorizar  el  género  por  sobre  la  idoneidad  y  mucho  menos  eliminar  ese  requisito esencial. Pero no será por falta de mujeres capaces que no se respete el objetivo de la ley, toda vez que existen en cada  una  de  las  regiones  de  Chubut  abogadas  que  ejercen  la  profesión  liberal,  funcionarias  judiciales  y/o magistradas que reúnen ampliamente los requisitos de idoneidad requeridos para el cargo”.

Por último, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut Somos recalcó que “somos conscientes de que la integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son requisitos esenciales para la protección efectiva de los derechos humanos    y no puede soslayarse que la igualdad de género está en el  centro mismo de esos derechos.