Las abogadas feministas en ejercicio en la Provincia del Chubut enviaron al Gobierno Provincial una carta pidiendo que desde el Poder Ejecutivo se proponga a tres mujeres para ocupar los cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.

A la vez, se exige mediante la misiva que se respete el procedimiento establecido mediante Ley V-N° 152/18 para cubrir las vacantes del Superior Tribunal de Justicia, en especial el Artículo 4° y a su vez le encomendaron proponga a tres abogadas a fin de romper el techo de cristal y, por ende, la discriminación y los prejuicios hacia las mujeres en los cargos de mayor jerarquía dentro del servicio de justicia ya que contamos en la provincia con muchas mujeres capacitadas para dicho cargo.

La carta, que hace referencia a distintos tratados, convenciones internacionales para hacer mención a que a nivel provincial, la propuesta para cubrir las vacantes del Superior vulneró lo dispuesto en los Artículos 5, inciso 10, 7, puntos 1) y 2), 8, punto 6), 9 puntos 3) y 8) la Ley XV-N° 26 de Protección Integral contra las Mujeres y el colectivo LGTBIQ+.

Para resumir, a fin de romper el techo de cristal en los cargos jerárquicos del Poder Judicial y de impulsar la igualdad real para las mujeres es necesario que el Estado Provincial implemente acciones afirmativas, las que encuentran sustento legal en los Artículo 3, 5 y 6 de la CEDAW y Artículo 8 de la Convención de Belén Do Pará y en el Artículo 73 inciso 23 de la Constitución Nacional.

En esta oportunidad también manifestaron su apoyo al Proyecto de Ley de Paridad de Género para integrar el STJ que se encuentra pendiente de tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial. En este sentido la Campaña Nacional #MujeresALaPolítica sostuvo: “La paridad constituye una herramienta para asegurar el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres haciendo efectivo el principio de la igualdad, potenciando la autonomía en la toma de decisiones y colaborando en la desarticulación de estereotipos de género que han vulnerado históricamente los derechos de las mujeres. La paridad no se plantea como una medida transitoria como era el caso de las cuotas sino como un principio rector de la democracia, que va más allá de la representación formal de varones y mujeres, y que aspira a una democratización de las relaciones entre los géneros. En definitiva, la implementación del principio de paridad contribuye a garantizar el principio de igualdad, promueve un debate más plural y diverso avanzando en la inclusión de la perspectiva de género en los asuntos públicos y garantiza la legitimidad democrática de los espacios de decisión”.