Prácticamente todos los sectores de la sociedad están en alerta y manifestándose contra la Ley Ómnibus que se trata en el Congreso Nacional. No hay espacio –especialmente popular- que no se vea afectado y entre ellas las bibliotecas populares.

Carlos Pascuariello, referente de estos espacios en la ciudad y analista político remarcó que “estamos muy preocupados por el futuro de las bibliotecas populares. La ley 23.351 que sostiene el principal fondo nacional que sostiene a las bibliotecas populares con sus fondos tiene una seguridad de 50 años para que no se toquen esos fondos. Ahora los vemos amenazados con esta Ley Ómnibus y si bien nos solidarizamos con todo el paquete de leyes, en lo que respecta a las bibliotecas vuelve a afectar la Ley 23.351 a través de la CONABIP corre peligro de existencia y sus fondos también”.

Las Bibliotecas Populares (BP) son asociaciones civiles sin fines de lucro que cumplen una función social imprescindible en los barrios, en materia educativa, cultural, social y de salud. Son sostenidas por vecinos y vecinas que cumplen tareas de manera voluntaria, en su amplia mayoría. Están nucleadas en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y reconocidas por ley, por lo que reciben subsidios de Nación para hacer frente a los gastos de mantenimiento, pago de servicios y renovación de material. Son instituciones de gran impacto en las comunidades en tiempos de crisis sociales y económicas ya que son espacios de contención, información, de pensamiento y de debate. Hoy, se encuentran en peligro.

El Proyecto de la Ley Ómnibus está en tratamiento en este momento en el Congreso Nacional y, entre tantas arremetidas a las conquistas históricas en cuestiones de derechos y regulación de actividades, se encuentra el desfinanciamiento de la Cultura y de las Bibliotecas Populares, produciendo un cambio radical y poniendo en crisis la estructura orgánica funcional de la Conabip.

En uno de sus apartados, se pretende modificar la Ley 23.351 e impulsa la derogación del Fondo Especial del que surgen los subsidios a estas asociaciones civiles que constituyen un derecho adquirido desde 1986 y está compuesto por un porcentaje de los impuestos sobre los premios de los distintos juegos de la Lotería Nacional. Elimina tarifas reducidas a los servicios públicos, beneficios a los gravámenes fiscales y otras subvenciones para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, actualización de los equipamientos y perfeccionamiento del personal. Además, se modifica la figura del profesional al frente de la biblioteca, quitando requisitos para la categorización de las mismas como la cantidad de personal capacitado en funciones y el método de procesamiento del material. La iniciativa del Ejecutivo propone redestinar estos recursos mencionados al Tesoro Nacional, sometiendo la designación del presupuesto al cumplimiento del ajuste fiscal y de un programa económico antipopular.

Suelta de Libros

“El 23 de enero se llevará a cabo una Suelta de Libros nacional en reclamo a esta política. En Puerto Madryn será en el Monumento La Galesa de Av. Roca y Belgrano. Allí les explicaremos a toda la comunidad cómo trabaja una biblioteca popular, sus necesidades, sus costos y la necesidad de mantener su financiación para su funcionamiento. Para todo esto tenemos ese subsidio que llega desde Conabip”, adelantó Carlos Pascuariello.

Registradas en Puerto Madryn existen seis bibliotecas populares y hay proyectos de bibliotecas en creación. “Hoy estamos trabajando fuertemente en lazos articulando con otras instituciones para desarrollar actividades y la preocupación es mucha porque hay bibliotecas que no pueden cobrar una cuota societaria por el rol que cubre en barrios populosos. Son textos y manuales que tienen las bibliotecas que son imposibles de comprar por parte de las familias. A estos espacios tenemos que cuidar”, destacó.