El Gobierno nacional propuso al Congreso la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) mediante un artículo que impulsa la derogación de la ley que lo creó en julio de 1995.

A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515 que tenía por objeto la creación Inadi como entidad descentralizada y que durante la gestión pasada se ubicó bajo la órbita del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Ian Rubey, integrante de INADI Chubut destacó hoy que “nuestra situación es realmente catastrófica porque es el cierre inminente del INADI. En nuestro caso en particular no tenemos interventor o interventora que haya tomado el cargo y básicamente es a consecuencia de este objetivo de eliminar el instituto y en el mejor de los casos, la otra triste noticia sería el achicamiento como el cierre de la delegaciones y son más de 80 personas que trabajan en todo el territorio nacional. Van por todo, somos 400 personas trabajadoras que nos quedaríamos sin trabajo con políticas que no defienden a los grupos vulnerables ni minoritario. Estamos en alerta a pesar de ser 5 en todo Chubut. A nivel nacional hacemos nuestros aportes y pedimos a las instituciones que acompañen este pedido de no cierre del INADI porque vienen por todo, por todo lo culturalmente establecido, por las bases de diálogo para poder vivir en comunidad”.

El Instituto fue creado para llevar a cabo “la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin”, según el artículo 2 de la Ley que le dio origen sancionada el 5 de julio de 1995.

Entre sus atribuciones y funciones se cuentan el diseño e impulso de campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural; la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas así como la recepción y centralización de denuncias sobre conductas discriminatorias, entre otras.

Actualmente, la entidad tiene como interventora designada a Greta Pena, abogada, periodista y especialista en políticas públicas de derechos humanos, igualdad y no discriminación.