El vocero presidencial Manuel Adorni anunció hoy el cierre oficial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Se hizo a través del decreto 696/2924, donde dicen que los recursos asignados pasarán al Ministerio de Justicia. El Congreso de la Nación deberá validar este decreto como dicta la Ley 26.122. Para que no se valide, ambas cámaras deberán rechazarlo.

Mientras tanto, en Puerto Madryn, la oficina del INADI y sus trabajadores desconocen cómo continúa todo. “No tenemos más información que el decreto que salió. Todavía no se nos informó absolutamente nada por correo oficial. Por ahora podemos seguir entrando a nuestros escritorios, digamos, online, donde manejamos los expedientes y hacemos las tramitaciones y todo. Así que hasta que nadie nos diga lo contrario seguiremos en nuestras labores. Entiendo que obviamente en algún momento terminará llegando la información de los despidos o de las reubicaciones. No sabemos cómo va a ser el futuro de los trabajadores y obviamente el Inadi como tal no existirá con ese nombre. La verdad que no sabemos si las labores que hacemos y que seguimos haciendo respecto a los expedientes, de las denuncias, etcétera, se reubicarán en el Ministerio de Justicia o no. Tampoco sabemos si quienes estamos trabajando, como todos los días, seremos reubicados o no”.

Desesperante

La incertidumbre de saber qué sucede con tu trabajo, tu salario, tu vida es desesperante. “Es realmente muy desesperante, muy triste, pero es algo que ya sabíamos desde el momento cero, porque es el cierre más denunciado desde que ganó las PASO el gobierno actual. No es sorpresivo pero sí es una gran tortura y es de un gran cinismo y una gran deshumanización por parte del gobierno actual”, destacó Ian Rubey integrante de Inadi Puerto Madryn, quien además destacó que trabajadores y trabajadoras continúan trabajando todos los días y se genera movimiento con expedientes, con causas que se tramitan por discriminación que “lamentablemente, siguen apareciendo y siguen existiendo y seguimos tomando denuncias”, explicó en relación a la necesidad del organismo para aquellas personas víctimas de discriminación.

Sin este organismo, todo haría suponer que las situaciones de discriminación lejos de mermarse se agudizarían y no habría en el Estado un espacio para atender estas cuestiones tal cual sucedía hasta hoy. “Más allá de la situación del INADI y de sus trabajadores, de todos los años de historia en donde se han hecho un montón de intervenciones en cuanto a leyes antidiscriminatorias, leyes que se han modificado, incluso cuando están siendo discriminatorias las mismas leyes. O sea, ha servido no sólo para denuncias puntuales de personas puntuales, sino para un cambio social y una base de entendimiento y de lazos sociales que tienen que ser fortalecidos”, agregó Rubey.

“Las cuestiones internacionales siguen existiendo y hay muchas otras maneras también de hacerlo. Lo que pasa es que el rol del INADI siempre fue más desde el diálogo, totalmente lo contrario que piensan muchas personas, justamente el rol es de diálogo, de intentar llegar muchas veces a acuerdos, de que cese la discriminación que por ahí a veces sucede por desconocimiento y no por maldad. No existe esa cuestión de juzgar en sí, sino de un cambio social”, agregó.

“Ahora, lo social sigue, sigue más allá de no contar con el Instituto en sí, que es un gran golpe simbólico, digamos, como simbolismo de lo que implica y de las acciones que se han realizado durante todos estos años, pero hay cuestiones que no se pueden desentender, entonces también tener en cuenta eso, que herramientas siempre tenemos para defendernos y que las vamos a seguir teniendo”, remarcó Ian Rubey, trabajador y activista de los derechos de los trabajadores.

El cierre del INADI fue uno de los puntos del proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y ya se había anunciado su eliminación en febrero.

Un punto de referencia

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue creado en julio de 1995, a través de la ley 24.515. Fue luego del atentado a la mutual AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Su objetivo es “la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin”, según se indica en el artículo 2 de la ley sancionada el 5 de julio de 1995.

Entre sus funciones, el INADI tenía la tarea de diseñar e impulsar campañas educativas que apuntaran al pluralismo social y cultural. También de la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófóbicas o racistas, y la recepción y centralización de denuncias sobre conductas en este sentido.