Causa Criadero de Salchichas: Se imputó a una mujer por actos de crueldad animal
2 - septiembre - 2025

La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre un presunto criadero clandestino de perros salchichas en Puerto Madryn, imputando a Sandra Beatriz Garbarino por actos de crueldad animal, en virtud del artículo tercero, inciso séptimo de la ley 14.346.
Según Cecilia Pistará, funcionaria de fiscalía, la investigación se originó tras el rescate de 55 animales no humanos de un domicilio, de los cuales 46 son perros salchichas. En una resolución judicial, la jueza Marinés Bartels reconoció a estos animales como sujetos de derecho, disponiendo su entrega en calidad de depositarios judiciales a miembros voluntarios de APAM (Asociación Protectora de Animales Madryn) para su cuidado temporal.
Pistará aclaró que no se trata de una adopción, sino de una guarda judicial, ya que los animales están en un estado de judicialización. La causa se encuentra en la etapa inicial de investigación, con un plazo de 6 meses para recabar pruebas y formular una acusación. Hasta el momento, Garbarino es la única persona imputada, al ser identificada como la propietaria del domicilio y, por ende, responsable del cuidado de los animales.
Si bien la investigación se centra en el caso concreto, la fiscalía no descarta la posibilidad de que surjan otras situaciones relacionadas con el tráfico ilegal de animales. Respecto al estado sanitario de los perros, se presume que el hacinamiento ha provocado consecuencias físicas y psicológicas en su comportamiento.
Pistará también mencionó que Garbarino tenía contacto con diferentes centros veterinarios, aunque no proporcionó detalles sobre la naturaleza de estos contactos, ya que es materia de investigación.
Una vez que los animales sean entregados a APAM, la organización se encargará de brindarles la contención necesaria hasta que se resuelva la causa judicial. Posteriormente, se evaluará la posibilidad de adopción permanente.
Cabe destacar que la ley 14.346 establece penas consideradas bajas para este tipo de delitos, con una pena máxima de un año, lo que ha generado campañas a nivel nacional para su modificación.