La causa que originalmente se denominó “la manada de Chubut” pasó a ser #loshijosdelpoder en relación a las familias de los imputados. La causa por violación grupal ocurrida en septiembre de 2012 en Playa Unión y que tenía como imputados a Luciano Mallemaci, Manuel del Villar y Ezequiel Quintana hoy, para la sociedad quedó impune tras el veredicto dictado el pasado 19 de marzo de 2022 por las tres juezas del Tribunal de Rawson. “Es el resultado del proceso iniciado en enero de 2019 que mantuvo el pacto de silencio e impunidad desde entonces. Cuando pareciera que estuviéramos en vísperas de la tercera guerra mundial en el siglo XXI, se mantienen más vigente que nunca en el proceso penal los estereotipos, la misoginia, la iglesia, el clasismo, el patriarcado, todo en su máxima expresión. Escuchamos “desahogo sexual”, “la vida sexual posterior es un indicio”, “si no se investiga la vida sexual de la que denuncia abuso sexual no se puede hacer el juicio”, “como dice el Génesis”, “como dice Mateo 18”, “es el mejor hijo”, “es tan bueno que es un pollerudo”, “es tan bueno que junto a su novia les daban comida a los indigentes”, “conocí a mi novia donando ropa”, “las ex novias lo re quieren”, “la víctima soy yo”, “ella estaba con mi amigo”, remarca el comunicado emitido por las tres abogadas de la Querella, que acompañaron a la víctima durante todo este proceso.

Ellas recordaron el horror, ellos, los desmemoriados

En otro tramo del comunicado, las abogadas hacen especial referencia a la diferencia entre los testimonios vertidos durante el proceso. “Todas las mujeres que estuvieron en esa fiesta y tenían entre 16 y 17 años, declararon lo que vieron y escucharon esa noche; otras lo que escucharon días después. Acreditaron lo que sucedió e identificaron a los responsables. Dijeron que el terror de lo que pasó esa noche les cagó la vida a todas; que tuvieron y tienen temor pero que era su obligación como mujeres, algunas madres, de declarar ante la justicia por fin. Todos los varones que tenían entre 16 y 22 años se ampararon en el tiempo para no recordar nada o algo que los beneficiara a ellos y a los imputados”, aclaran.

Maltrato constante

“Todas las mujeres que declararon fueron sometidas a interrogatorios violentos por más de 2 horas. Ante las oposiciones que hacíamos junto a las fiscales, incluso ante el reclamo de las propias declarantes, las juezas repetían: “estas son las reglas del debate, debe responder”. Las “reglas”, explicadas continuamente por los abogados defensores, eran que los “testigos no tienen derecho”, “que las reglas de contra interrogatorio permiten ser agresivos con los testigos”, “que los testigos deben responder por si o por no”. Una testigo se quejó ante las juezas: “las preguntas están hechas para tergiversar ¿por qué tengo que contestar eso?”. La respuesta fue “conteste señorita”. Los imputados jamás se sometieron a ninguna pericia ni respondieron a ninguna pregunta.

Ella declaró al momento de hacer la denuncia y se sometió a una pericia durante tres días de 6 horas cada día, ante 7 peritos de los defensores y la fiscalía; debió responder más de 567 preguntas y a evaluaciones sobre su personalidad.

Ellos declararon ante las juezas y dijeron lo que quisieron sin responder a ninguna pregunta; también dijeron sus últimas palabras. Nosotras los escuchamos respetuosamente. Las juezas se conmovieron”, agrega el escrito.

Con más fuerzas que antes

Finalmente, las abogadas señalaron que “ella –por la víctima- se presentó ante el Tribunal para decir sus últimas palabras, para ser escuchada por primera vez ante las juezas. Pedimos que se retiraran los imputados de la sala. Los abogados se quejaron y las juezas deliberaron para decidir si hacían lugar a nuestro pedido cuando está expresamente establecido en la ley. Los abogados y las juezas la interrumpían para decirle “eso no lo puede decir señorita”. Las juezas la maltrataron. Todas las testigos afirmaron que ella, esa noche, estaba “muy borracha”, “muy ebria”, “más borracha que todas”, “se tambaleaba”, “vomitó en la pieza”, “le lavábamos la cara en el baño”. Seis profesionales de la salud que la atendieron desde 2012 hasta 2021, pediatra, psicólogas y psiquiatra, afirmaron que padece estrés pos traumático producto del abuso sexual. Las juezas sostuvieron que ella consintió. Ella pidió por su libertad y por todas las mujeres que mueren en estos casos. Las juezas la condenaron por estar viva, ser profesional, trabajar, ser bella y brillante.

Al escuchar el veredicto lloró de bronca e impotencia “por este mundo tan injusto”. Pero recibió el llamado y el abrazo de miles y de todas partes del mundo. Gracias. Gracias. “Me levanté con más fuerzas que antes. Sigamos”. Y vamos a seguir. El 28 de marzo se conocerán los fundamentos. El 11 de abril presentaremos la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia. Como dice Norita: “Esto recién empieza”, finaliza el comunicado firmado por las abogadas Verónica Heredia, María Florencia Piermarini y Marisol Carmona