La Cámara Argentina Patagónica de Industria Pesquera se manifestó sobre la medida de fuerza y corte de ruta llevada a cabo días atrás por trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación por el que más de 260 toneladas de langostinos no pudieron ser procesados en tiempo ideal y en consecuencia bajaron su calidad, convirtiéndose en un producto de calidad inferior con baja o nula rentabilidad.

“Lamentamos y rechazamos enérgicamente que una vez más el STIA haya declarado y llevado adelante un paro total de actividades con cortes de rutas, interrumpiendo el normal ingreso de mercadería perecedera a las plantas por conflicto que ellos mismos declaran ajenos a nuestras asociadas. Está medida provoco que más de 260 toneladas de langostino, no se procesaran en tiempo ideal y en consecuencia se obtuviera un producto de inferior calidad, baja o nula rentabilidad, perjudicando a la empresas que integran nuestra Cámara”, señalaron desde CAPIP.

El gremio comunicó y lo expresó pública y oportunamente que la medida se llevó a cabo en contra del Acta Acuerdo que firmaron la Secretaría de Pesca Provincial, la Administración del puerto de Comodoro, el SUPA y la CAFACH, para abastecer de merluza a las plantas de Comodoro y eventualmente a plantas del valle para destrabar el conflicto con los estibadores. El acuerdo aseguraba que por un tiempo determinado parte de la flota descargaría merluza en Comodoro, destrabando el conflicto con los estibadores y aseguraba -a las plantas locales- la posibilidad de trabajar con merluza fuera de la temporada de langostino.

“Lo curioso, es que ninguna de las Empresas de CAPIP participó del acuerdo cuestionado por el STIA, y que da origen a la medida de fuerza descripta. Hace años que cada medida de fuerza viene acompañada de gomas que queman los portones de acceso a las plantas, cortes de ruta, amenazas al personal administrativo, toma de plantas, escraches, actos violentos, inclusive el deterioro de la materia prima, como sucedió en este caso. Todo esto se ve amplificado cuando el cese de actividades no guarda ninguna relación con las Empresas que lo sufren, y por ende, las que se ven perjudicadas. Estas acciones atentan a contra planes de inversión y naturalmente con aumento de puestos de trabajo”, aclararon.

Finalmente, la CAPIP pidió a las autoridades Provinciales y a las autoridades gremiales arbitrar los medios necesarios para defender la actividad, actuar con responsabilidad, cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente, el que garantiza el derecho a huelga pero también garantizar el derecho a trabajar y no generar situaciones de evidente inequidad e injusto perjuicio a la actividad.