Cada vez que un hecho delictivo tiene como consecuencia la muerte de una mujer por femicidio la opinión pública se moviliza –no siempre en las calles pero sí a través de redes sociales como en el último tiempo- presta atención a la causa, se interioriza en muchos casos y levanta la bandera de la justicia, sin embargo, después de un juicio pocos están atentos a los procedimientos que llegan después de una condena. Claro está, queda obviado en esto la familia de la víctima, el condenado y su entorno.

Un tribunal de Puerto Madryn condenó a Dante Donini a prisión perpetua por el femicidio de Diana Rojas, cometido en 2016 –hasta ahí la historia conocida y celebrada por la familia, su entorno y sus amigos – sin embargo la historia sigue en las altas esferas de la justicia de Chubut ya que –y en todo su derecho- la defensa de Donini apeló el fallo ante la Cámara Penal y pidió su absolución al entender que el tribunal que lo sentenció fue “arbitrario”.

La defensa encabezada por el abogado particular Martín Castro también cuestionó la calificación por la que su cliente fue condenado a prisión perpetua al considerar que no hubo abuso sexual y por lo tanto no se trató de un homicidio agravado por criminis causa, y que tampoco se configuró la figura del femicidio.

Por unanimidad, Donnini fue condenado por el Tribunal de primera instancia conformado por los jueces Patricia Asaro, Marcela Perez y Patricia Reyes a la pena de prisión perpetua por el delito de “Homicidio criminis causa en concurso ideal con el delito de femicidio” cometido contra la estudiante Diana Rojas.

Carlos Villada, querellante por parte de la familia de la víctima, así como los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño, quienes llevaron adelante la causa, solicitarán que se confirme la condena dictada en primera instancia.

La audiencia ante casación será el 12 de Junio a las 8.30 horas ante el Tribunal de la Cámara Penal integrado por Rafael Lucchelli, Leonardo Pitcovsky y Flavia Trincheri.

EL CASO

Diana Rojas fue asesinada el 17 de Mayo de 2016. Ese día, la joven de 26 años se encontraba en su departamento de la calle Libertad al 300 cuando su hermana le avisó, desde la provincia de Entre Ríos, de donde era oriunda, que le había depositado dinero a través de Correo Argentino. La estudiante de abogacía se comunicó con la parada de taxis “Patagonia” y a su domicilio arribó el interno 127 conducido por Donnini. Pero en vez de llevarla hacia el correo, el taxista desvió su camino y se trasladó por la ruta provincial 1 “con intenciones de abusar sexualmente de la joven” pero al no poder someterla “comenzó a agredirla con un arma blanca, efectuándole cortes en los dedos, antebrazo, cabeza, cuello, hombro y cara”, según la sentencia de juicio.

“La víctima intentó defenderse y rasguñó en cara y antebrazo a Donnini, quien también intentó atarla con una cuerda, por lo que la víctima comenzó a correr”, describieron en los alegatos fiscales y querellante, y argumentaron que la víctima “fue alcanzada por Donnini, que la tomó de atrás y le asestó al menos tres puñaladas: una a la altura del cuello, otra en la zona de la tráquea y otra penetrante a la altura del tórax, que le provocaron la muerte”. Luego, el taxista arrastró el cuerpo y, para lograr su impunidad, se apoderó del teléfono celular, el DNI y la billetera de la víctima, tras lo cual, escapó en su vehículo. Entre otras pruebas, los jueces valoraron el peritaje genético que reveló que había ADN de Donnini debajo de las uñas de Diana, en su cartera, en el chaleco que vestía y en el cuero cabelludo.

El análisis criminológico realizado por peritos del Equipo Técnico Interdisciplinario indicó que la motivación del homicidio “fue de carácter sexual” y que el autor “posee bajo umbral de tolerancia a la frustración”. Por su parte, Donnini declaró que a Diana la quisieron secuestrar y él se interpuso entre los agresores y la víctima, pero que nada pudo hacer y ante el desenlace fatal prefirió el silencio porque estaba amenazado de muerte. Los jueces no le creyeron.