Tras la reunión mantenida con el doctor Ariel Urbano, director del hospital Isola, los concejales comenzaron a trabajar en diferentes iniciativas tendientes a lograr aliviar las arcas del sistema de salud o, en su defecto, poder acrecentarlas mediante el arancel amiento.

Desde allí que se elaboró un proyecto de Comunicación que apunta a lograr cambios radicales en las obras sociales y la pandemia del coronavirus. El texto del proyecto contempla que el “Concejo  Deliberante vería con agrado que las autoridades de la Superintendencia  de Servicios de Salud y del Ministerio de Salud de la Nación, articulen de manera urgente los mecanismos para que las obras sociales, incluidas las privadas y pre-pagas, reconozcan el valor de los análisis de PCR que en el marco del COVID-19 se realiza en los hospitales públicos e instituciones privadas en el  territorio chubutense”.

Esto debido a que entre los reclamos que han surgido del sector de la salud surgió el gasto que se registra al momento de realizar el análisis PCR, la internación y el tratamiento de las personas contagiados. Esto “sin posibilidad de recuperar estos recursos  aun cuando se trate de pacientes con obra social” reza el proyecto.

Junto a ello, los conejales dejaron constancia que se “vería con agrado que el  Gobernador de la provincia del Chubut arbitre las medidas legales urgentes, que le permitan establecer el valor del canon correspondiente de los análisis de PCR por COVID-19, el cual deberá ser incorporado en los nomencladores de las obras sociales que tienen afiliados en el territorio chubutense”.

Asimismo, se hizo extensiva la convocatoria a los legisladores provinciales y a los nacionales para que se sumen elevando un pedido igual ante la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación.

La postura asumida obedece a “la crítica situación que atraviesa el sector público, por salarios adeudados y falta de insumos”, y que “ameritan gestionar ante los estamentos que estén al alcance, aquellas medidas que puedan hacer un aporte real; sobre todo porque el Estado ha avanzado en la prevención y protección del derecho a la salud con medidas de emergencia destinadas a mitigar la Pandemia del COVID-19”.