“La resolución judicial también ordenó el recupero de los gastos generados por la investigación, imponiendo al condenado el pago de las costas procesales y de las pericias realizadas durante el trámite de la causa. De esta manera, se procura resarcir al Estado por los recursos públicos empleados para el esclarecimiento de los hechos y la obtención de la prueba necesaria para arribar a la condena”, detalló la fiscal del caso, Romina Carrizo.