Los estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente Nº 803 emitieron un comunicado de prensa que titularon “Por la igualdad de oportunidades y el derecho a elegir la educación nuestros/as hijos/as”. En este contexto recordaron que “desde hace más de 30 años, el ISFD N°803 viene formando docentes para los tres niveles educativos obligatorios: Inicial, Primario y Secundario. Y a lo largo de su trayectoria, ha consolidado una labor pedagógica de calidad basada en criterios democráticos y mecanismos públicos de control, que garantizan un desempeño profesional competitivo por parte de sus graduados/as”.

Junto a ello, manifestaron que “sus mil quinientos estudiantes y más de cien docentes correspondientes a seis profesorados y una tecnicatura no tienen edificio propio y continúan “de prestado” en espacios físicos inadecuados para la cantidad de personas adultas que allí estudian”.

En 2015, luego de una ocupación pacífica de las instalaciones donde actualmente funciona, “el entonces intendente Ricardo Sastre ofreció como solución cedernos un terreno de 857 m2 (equivalente a dos viviendas), ubicado en la zona sur con frente a la calle Andrés Garate”.

Sin embargo, continuaron “pronto el proyecto fue declarado inviable porque incumplía los requerimientos básicos establecidos en las leyes nacionales y provinciales de infraestructura para educación”.

Por eso, “después de 30 años de actividad, el ISFD N° 803 continúa dando clases y realizando actividades en un edificio pensado para el nivel primario de educación y con mobiliario destinado a niños/as. Evidentemente, nos encontramos frente a una deuda histórica con una institución central en el desarrollo de la educación local y regional”.

En contraposición la comunidad educativa del instituto recordó que “en 2014, la escuela privada FAPE fue beneficiada con un terreno generoso, 5.000 m2, también en zona sur, sobre la calle Hansen. Debía presentar planos aprobados en 12 meses y construir en 36 meses pero el lugar permanece vacío hasta el día de hoy porque en 2018, volvió a conceder una ampliación de plazos y una condonación de derechos de construcción”.

Desde el ISFD Nº 803 se denunció que “actualmente ocurre algo similar: también en zona sur y también con un proyecto de educación privada” que el “intendente Gustavo Sastre acaba de ceder el terreno ubicado en Gutil Ebrill y Morgan al Colegio Integral Patagonia Argentina (CIPA) sin contar con la aprobación del Concejo Deliberante, como lo estipula la Carta Orgánica Municipal. Dichos terrenos, que ya habían sido otorgados a una escuela pública provincial en 2017, fueron retirados de la órbita provincial debido al incumplimiento de plazos acordados, sin mediar aviso previo ni ofrecimiento de prórroga alguna. Así, las tierras volvieron a ostentar la titularidad municipal y es ahora el Estado Municipal quien las ofrece al establecimiento privado”.

Desde allí que se aseguró que “los Profesorados y las Escuelas Públicas no corren la misma suerte que los proyectos privados de educación en la ciudad de Puerto Madryn. Mientras los primeros seguimos esperando más de treinta años por un espacio propio, los segundos cuentan con la decisión y las facilidades que el Estado les habilita para iniciar su edificación de forma inmediata”.

Es decir, “no sólo se está incumpliendo la Constitución y las Leyes Nacionales y Provinciales de “Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin inequidades sociales ni desequilibrios regionales, posicionando la educación como factor promotor de la Justicia Social” sino que, además, se está violentando el derecho a decidir de muchos/as padres y madres que no tienen otra opción que recurrir a la educación privada”.

Esto porque “la gran mayoría de las familias cuyos hijos/as estudian en institutos privados, están ideológicamente a favor de la educación pública pero despojados de la posibilidad de elegir, permanecen cautivos de esta imposición contextual!.

Desde el ISFD Nº 803 se indicó que “estamos a tiempo de revertir una situación injusta. No seamos cómplices, no actuemos por omisión. Como representantes del pueblo, a ustedes les cabe hacer cumplir una de las funciones constitutivas y razón de existencia del Estado: garantizar la igualdad de oportunidad y el derecho a elegir la educación de nuestros hijos/as”.