El sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación -STIA Chubut- reunió a su cuerpo de delegados en momentos donde se conocía la decisión de la retrocesión de la salida de Red Chamber de la ex Alpesca. Sin certezas sobre que sucederá con el futuro inmediato, la dirigencia sindical emitió un comunicado de prensa donde le pide al gobierno de Chubut que “deje de jugar con el pan de la gente” y “basta de improvisaciones, basta de decisiones que perjudican al trabajador y basta de tapar los problemas con parches que duran horas”.

La dirigencia sindical aseguró que “todo lo que está pasando alrededor de la ex Alpesca no es fruto de la temporada ni del trabajo: es consecuencia directa del manejo desprolijo, contradictorio e irresponsable del Gobierno provincial. Y eso es lo que hoy genera la incertidumbre que estamos viviendo, necesitamos que la temporada arranque ya pero con las garantías de que no va a ser cortada por las empresas por culpa de la mala administración gubernamental de las relaciones comerciales y/o privadas del Estado”.

Asimismo, recordó que “el propio Gobierno calificó a Red Chamber como empresa incumplidora, señalando que no había cumplido compromisos básicos con la provincia. Con ese argumento, hace apenas cuarenta días, la obligaron a entregar la planta a Profand”.

No obstante ello, las autoridades dan “un giro que nadie puede explicar seriamente, los mismos funcionarios que la acusaban de incumplidora están devolviéndole la planta, justo en medio de un escándalo internacional donde se denuncia que un funcionario chubutense habría pedido una coima en criptomonedas por 6,5 millones de dólares. Aunque todos lo nieguen, está claro que hay presiones y negociaciones de fondo que nada tienen que ver con el bienestar de los trabajadores”.

Desde allí que “mientras se pelean empresas multinacionales, se cruzan denuncias de espionaje, se mencionan coimas millonarias y se firman acuerdos a puertas cerradas, nadie en el Gobierno garantizó lo más básico: que la planta esté lista para procesar y que sus dependientes tengan trabajo en el inicio de la temporada. Hoy les pasa a esos trabajadores y trabajadoras, pero mañana pueden ser de cualquier otra empresa. Y todo ese desorden lo generaron ellos, no los trabajadores. Esas improvisaciones las cometieron ellos”.

La dirigencia sindical del STIA remarcó que “acá aparece un dato gravísimo que ustedes merecen conocer: nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el máximo tribunal de justicia de la provincia en todo esto? Funcionarios que puso el mismo gobernador en esos cargos”.

Asimismo, remarcaron que “algo insólito ocurrió en la provincia, algo que nunca había pasado. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut homologó un acuerdo entre el Estado y una empresa privada para devolverle la concesión de la planta. Esto nunca se hizo con ninguna otra empresa en la historia de Chubut. Que un conflicto administrativo, político y contractual termine resuelto con la firma del máximo tribunal revela que hay decisiones mal tomadas, errores que nadie quiere reconocer y movimientos que, lejos de traer claridad, generan todavía más incertidumbre”.

Por eso los sindicatos, “cansados de que el Gobierno cambie de posición cada semana y exponga a miles de familias a la incertidumbre, presentaron una nota exigiendo explicaciones claras, seguridad laboral y cumplimiento de la ley. Y ante la ausencia total de respuestas serias y responsables, resolvieron un paro por tiempo indeterminado. No para dañar la temporada, sino para defenderla y para impedir que las decisiones políticas—o los acuerdos que nadie cuenta—sigan poniendo en riesgo a los trabajadores y trabajadoras”.

Hoy, “los sindicatos se plantaron porque ya no se puede seguir aceptando que funcionarios y empresarios jueguen con el pan de cada día. Porque lo peor de todo, si es que hay algo peor en todo esto, pero lo más sensible es saber que los trabajadores y trabajadoras, ¿a qué empresa pertenecen, Red Chamber o a Profand? Si Red Chamber vuelve a tomar posesión, ¿va a respetar los contratos de trabajo de forma integra? También trascendió que desde esa firma intentaron sacar la obligatoriedad de procesar el pescado de todos los permisos y embarcaciones arrendados en la planta de Puerto Madryn”.

Desde el STIA se afirmó que “mientras ellos firman acuerdos contradictorios, cambian de postura según la presión del momento o se ven envueltos en denuncias millonarias, los trabajadores son quienes realmente sienten la incertidumbre en el bolsillo”.