La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut fijo, una vez más, “su indeclinable posición respecto de las condiciones que deben reunir quienes accedan a cubrir las actuales vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia”. En tal sentido, reiteraron que “la selección de candidatos/as debe hacerse respetando la paridad de género, la procedencia regional y la idoneidad de los/as postulantes”.

En su análisis las autoridades de la Asociación indicaron que “es apremiante la necesidad de contar en el máximo órgano de justicia de la provincia con  personas  de  acreditada  trayectoria  en  defensa  de  la  independencia  judicial  y  de  los  derechos humanos, con conocimiento de la diversidad regional en el funcionamiento del  sistema judicial y que demuestren una actividad proactiva en contra de la violencia de género”.

Asimismo, quienes integran la magistratura y funcionariado judicial provincial recordaron que “en  los  últimos  cinco  años  se  han  ido  produciendo  vacantes  en  el  Máximo  Tribunal provincial, hasta alcanzar el número de cuatro cargos a cubrir. En esta inédita situación, el señor Gobernador ha realizado una propuesta a la Legislatura Provincial que consolida y perpetúa la discriminación histórica que sufren las mujeres en el acceso a la máxima magistratura de la provincia”.

En este sentido, enfatizaron que “entendemos que la postulación realizada por el Ejecutivo no garantiza una justicia con perspectiva de género, y quien acepte integrar un Tribunal con cuatro hombres y una mujer no podría avalar con su palabra estar en condiciones de asegurarla. En efecto, si en los hechos las personas aceptan acceder al cargo a sabiendas de que se está discriminando y  de que la propia postulación profundiza la desigualdad patriarcal ¿de qué manera podrían garantizar a la ciudadanía del Chubut el respecto a la igualdad de género? “.

En el análisis realizado por la Asociación se deja en claro que “en la medida en que existan hombres y mujeres que continúen aceptando y naturalizando este tipo de situaciones, la discriminación no encontrará su fin”.  Desde allí que “respetar  la  igualdad,  la  procedencia  regional  y  la  idoneidad  en  la  conformación  del Máximo Tribunal de Justicia constituye una obligación institucional ineludible para los gobernantes. Pero ese deber tiene hoy una singular fuerza simbólica, no sólo por tratarse de un órgano central en la arquitectura de nuestro sistema republicano y democrático, garante  de  la  Constitución  y  de  los  valores  que  representa,  sino  porque  desde  su  conformación histórica hace ya más de sesenta años jamás ha contado con una sola mujer  en su integración”.

Desde allí que la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut dejó en claro que “exigimos que la Ley V Nro. 152 sea interpretada en clave convencional y constitucional, por  lo  que  exhortamos  a  las/os  señoras/es  legisladores  chubutenses  a  garantizar  los  principios  señalados  a  fin  de  asegurar  un  servicio  de  Justicia  eficaz,  como  cuestión  fundamental para preservar los derechos humanos de toda la ciudadanía”.