La AMFJCh planteó la oposición al proyecto de ley para que la justicia provincial investigue y juzgue delitos de “narcomenudeo”

23 - julio - 2020

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut expresa su oposición al Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nro. 69/20, mediante el cual se dispone transferir a la Justicia Provincial la competencia  para investigar y juzgar los delitos de “narcomenudeo”.

El texto del documento expresa  que “si bien coincidimos en la necesidad de encontrar soluciones al flagelo de la droga y no desconocemos  que  la sociedad reclama respuestas urgentes, entendemos que el referido  Proyecto de  Ley conspira contra tales propósitos”.

En este contexto, plantearon que “diferenciar el narcomenudeo del narcotráfico produce un corte artificial en los ilícitos, por lo general vinculados,  entorpeciendo  su  persecución.  Una  investigación  fragmentada  genera  el  riesgo  de  impedir  la comprensión de la cadena delictiva del narcotráfico y, consecuentemente, atacar sus verdaderas causas”.

Asimismo,  la comisión directiva de la Asociación indicó que “dividir las competencias imposibilitará determinar la punta del ovillo de las investigaciones para poder llegar al otro extremo de la madeja, en la que se ubica la cabeza de las organizaciones narcocriminales”.

Junto a ello, agregaron que “una  transferencia  de  competencias  como  la  que  se  propicia  debería  prever  y  disponer  los  fondos necesarios  para  que  la Justicia  provincial  pueda  afrontar  el  costo  de las  investigaciones,  lo  cual  implicaría  la  creación  de  cargos  en  las  fiscalías,  defensorías  y  judicatura  (de  muy  difícil  cobertura  en  una    Provincia  que  adeuda dos meses  y medio de sueldo a sus funcionarias/os y magistradas/os)”.

En este sentido, puntualizaron que “deberían  preverse las  partidas  presupuestarias  para la  creación  de  laboratorios  periciales específicos,  cuyos valores son  sumamente elevados; la provisión de bóvedas especiales de seguridad para el resguardo de la droga  secuestrada, así como el equipamiento para su destrucción  -que debería llevarse a cabo de forma rápida y segura (aspecto esencial para prevenir la comisión de delitos por parte de los funcionarios públicos  encargados  de esa tarea e inhibir la capacidad de corromper que tienen los narcotraficantes)”.

Asimismo, indica el texto del documento elaborado “ resultaría  necesaria  la  creación  de  una  Policía  Judicial  en  la  órbita  del  Ministerio  Público Fiscal,  con  capacitación  específica  para  su  personal  y  estrictos  procedimientos  de  contralor  a  cargo  de organismos especializados”.

Además, se remarcó que “el  cambio  de  competencia  que  se  propone  implicaría,  además,  la  necesidad  de  que  los  lugares  dedetención  de  personas  procesadas  o  condenadas  deberían  ser  provistos  por  el  Gobierno  Provincial,  debiendo tenerse  en  cuenta  que  se  trata  de  una  modalidad  delictiva  en  la  que  interviene  un  importante   porcentaje  de mujeres.  Finalmente,  deberían  crearse  nuevos  establecimientos  donde  alojar  a  personas  adictas  para  su tratamiento y recuperación.

La gravísima crisis económico-financiera por la que atraviesa la Provincia y, en particular la emergencia carcelaria  -que  implica  un  déficit  de  trescientos  lugares  de  detención  y  sin  plazas  especiales  para  mujeres- , muestran con elocuencia que no están dadas las condiciones para afrontar ninguno de los gastos antes apuntados.

En este contexto, “insistir en la desfederalización conducirá, indefectiblemente, a un desmejoramiento en las condiciones de persecución e investigación de ese tipo de ilícitos y,  consecuentemente, a un agravamiento de  la actividad delictual”.

Además, de remarcarse que “el traspaso propuesto no sólo resultaría inoportuno en Chubut sino  que sería inconveniente y perjudicial para el logro de los propósitos que se invocan en el referido Proyecto”.

Por  lo  expuesto,  “exhortamos  a  los  Diputados  Provinciales  de  todos  los  Bloques  que  integran  la Legislatura Provincial a analizar reflexivamente el mencionado proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, considerando las observaciones que aquí se expresan y convocando a las respectivas Comisiones a  escuchar a todos los sectores involucrados”.

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