La Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de la provincia del Chubut emitió un comunicado donde “repudia  las expresiones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni,  en relación a las  personas  detenidas  y a la actuación de los/as magistrados/as  que tienen el deber funcional de velar por el cumplimiento de   las garantías y los derechos ciudadanos”.

En este contexto, el documento afirma que “la protección de los bienes e intereses jurídicos de todos los habitantes, sin excepción alguna, constituye  el pilar de nuestro pacto constitucional,  condición necesaria para una convivencia pacífica”.

Por tal razón, “los derechos fundamentales son universales, inalienables e indisponibles. En  su  carácter  de  Ministro  de  Seguridad  debería  saber  que  su  obligación  esencial  es  la  de custodiar  los  derechos  de  la  ciudadanía  toda  que,  obviamente,  incluye  a  las  personas  acusadas  o condenadas  por  la  comisión  de  un  delito” indicaron desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales del Chubut.

En otro tramo del documento se indica que “debería  conocer  el  Ministro  que  es responsabilidad  exclusiva  del  Poder  Ejecutivo  garantizar  lugares  de  detención  que  cumplan  con  las exigencias impuestas por las normas nacionales e internacionales en la materia”.

Asimismo, recordaron que “el Ministro  Massoni juró públicamente  cumplir y hacer cumplir las Constituciones  y Leyes de la  Nación  y  de  la  Provincia.   El  art.  18  de  la  Constitución  Nacional,  desde  hace  más  de  un  siglo, establece que  “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Nuestra Constitución Provincial, en la reforma  de  1994,  también  lo  dejó  establecido  expresamente  (art.  22)  y  desde  el  año  2006  las obligaciones de los jueces y juezas respecto de  las condiciones carcelarias  para las personas detenidas fueron incorporadas al texto del Código Procesal Penal”.

En paralelo a ello, recordaron los jueves y magistrados que “garantizar  los  derechos  de  quienes  se  hallan  privados  de  su  libertad  no  significa,  en  modo alguno, ignorar o desatender  los derechos del resto de la ciudadanía.  Mucho menos  aún los  de aquellas personas que han resultado  víctimas de  un  delito, respecto de  quienes existe  también un  amplio  marco normativo que prevé especiales derechos y garantías frente al estado”.

Por último, la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de la provincia del Chubut afirmó que “la gravedad institucional de las manifestaciones  del Ministro exige la  inmediata  intervención del Gobernador  de  la  Provincia  para  poner  un  límite  a  su  actitud.  El  ilegítimo  proceder  del  funcionario,  además  de  inscribirse  en  una  campaña  de  desprestigio  de  otro  poder  del  estado,  atenta contra la paz social en un contexto de grave crisis  socioeconómica  incrementada  por la  situación de pandemia”.