La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial hizo público su repudió a “los hechos de violencia” que se han producido  en  el  marco  de  las  protestas  sociales  en  contra  de  la  sanción  de  la  ley  de  Zonificación Minera. Asimismo, se afirmó que “está fuera de toda duda que la violencia nunca es el camino” agregando “es necesario recordar que las máximas autoridades de la Provincia son las principales responsables, con sus actos y decisiones, de prevenir la violencia y de resguardar la paz social”.

Desde la AMFJCh se puntualizó que “la expresión pacífica de la mayoría del pueblo chubutense ante el proceder ilegitimo de las autoridades políticas de la Provincia del Chubut no debe quedar opacada por la acción violenta e injustificada de un sector muy minoritario de la ciudadanía”.

Asimismo, se recordó que “esta Asociación ha venido denunciando irregularidades e ilegalidades  cometidas por parte del poder político con relación a la citada normativa. Se advirtió sobre la sorpresiva e injustificada sanción de la ley  que  estableció  el  «Per  Saltum»,  se  criticó  la  reforma  a  la  ley  de  amparo,  y  la  modificación  al procedimiento  para  el  dictado  de  medidas  cautelares  contra  el  Estado.    También  se  cuestionó  la cobertura de cuatro cargos (mayoría)  en el Superior Tribunal que se anunció públicamente como un acuerdo político que luego fue convalidado por unanimidad”.

“Hoy,  a  la  luz  de  lo  acontecido  el  miércoles  en  la  Legislatura,  en  una  sesión  apurada  y  al  filo  del reglamento, confirmamos que todas esas decisiones estaban dirigidas a consagrar la megaminería en la Provincia.  Con  pesar,  advertimos  que  también  se  pretende  asegurar  que  la  megaminería  sea convalidada por el Poder Judicial en caso de que se plantearan objeciones constitucionales” advirtió la asociación.

Ante esto plantearon que “ello tal vez explique porqué las instalaciones del Poder Judicial de    la provincia fueron atacadas en la  protesta,  por  primera  vez  en  su  historia,  por  decisiones  adoptadas  por  otros  Poderes  del  Estado”.  En este mismo sentido, se agregó “lamentablemente se han quemado cientos de expedientes de justiciables que acudieron a los tribunales  en  busca  de  una  reparación  a  sus  derechos  afectados.  Se  ha  destruido  el  edificio  de  la  Fiscalía  de Rawson  en  donde  tramitan  numerosas  causas  de  corrupción,  así  como  las  dependencias  del  fuero contencioso administrativo del Superior Tribunal de Justicia, en el que se gestionan las causas contra la Provincia”.

Por ello la AMFJCH “solicita enfáticamente a las autoridades políticas de la provincia que se retrotraiga la actual situación institucional a la existente con anterioridad a la sanción de las mencionadas leyes, como inexcusable aporte a la restauración de la paz social en la Provincia, quebrantada a partir de tan irregulares procederés”.