“Ese lugar no puede ir a remate y ser cualquier cosa el día de mañana” afirmó Mariela Williams, concejal por Chubut Somos Todos, que adelantó que insistirá para que el inmueble de calle Villegas 516 pase a la esfera municipal. Asimismo, salió al cruce de las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Gabriela Sánchez Galindo, que había aseguró que el denominado vips no pasaría a la órbita de la municipalidad de Puerto Madryn porque será rematado. Esto cuando en el Congreso de la Nación se apruebe el proyecto de ley presentado para que todas las viviendas ligadas a la trata de personas puedan subastarse con el fin que el dinero recaudado sea entregado a las víctimas.

La legisladora municipal se mostró “sorprendida” por las declaraciones de la funcionaria, toda vez que las notas y comunicaciones enviadas reclamando que se cumpla con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia nunca fueron respondidas.  La justicia había instado al gobierno provincial a designar un patrocinador del inmueble que es  icono de la trata de personas en Madryn y allí ingresaría el municipio para poder utilizarlo para la instalación de dependencias ligadas a la violencia de género y la trata de personas.

Mariela Williams, manifestó su descontento porque “nos enteremos por los medios porque no tuvimos ninguna notificación desde la subsecretaría de Derechos Humanos”, además de sostener que la posición asumida por el gobierno provincial “no es correcta” porque “hay un oficio del Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia donde intima a la provincia a nombrar a un patrocinador”.

Tomando como parámetro ese oficio, la legisladora oficialista adelantó que “Sánchez Galindo o el gobernador deben tomar una decisión con la legislación vigente más lo dictaminado por el TOF y allí nombrar un patrocinador. Allí nosotros entendemos que el municipio debería ser nombrado como patrocinador”.

La concejala reiteró que “no se está actuando de acuerdo a la justicia” y adelantó que se enviará toda la documentación ligada a este tema  para exigir que el inmueble pase a la esfera de la comuna para llevar adelante allí instancias de capacitación y prevención de trata de personas.