El proyecto fue presentado por el concejal Federico Garitano y será analizado en la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante. La iniciativa crea un régimen municipal de beneficios para el transporte público y establece que el Municipio deberá compensar a la empresa prestataria por los viajes alcanzados.

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn propone modificar las condiciones de acceso al transporte urbano para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. La iniciativa, impulsada por el concejal Federico Garitano, del bloque Arriba Chubut, será analizada en la Comisión de Gobierno y contempla beneficios tarifarios que, de aprobarse, tendrán vigencia en todos los recorridos dentro del ejido municipal.

La propuesta crea el denominado Régimen Municipal de Tarifa Social y Gratuidad para el Transporte Urbano de Pasajeros y establece dos beneficios principales: una reducción del 55% sobre el valor de la tarifa plana para jubilados y pensionados y la gratuidad total para las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

En este último caso, cuando el certificado determine expresamente la necesidad de asistencia, también podrá viajar gratuitamente un acompañante.

Un descuento sin restricciones de días ni horarios
Uno de los puntos relevantes de la iniciativa es que el descuento destinado a jubilados y pensionados no estaría limitado a determinadas franjas horarias. El proyecto establece que deberá aplicarse todos los días y durante todos los horarios en los que funcione el servicio.

Para acceder, los jubilados y pensionados deberán acreditar su identidad y su condición previsional. En el caso de las personas con discapacidad, será suficiente presentar DNI y CUD vigente.

Además, el proyecto busca evitar renovaciones y trámites reiterados: una vez otorgado, el beneficio permanecerá vigente mientras continúe la condición que dio origen al mismo. Todos los procedimientos de solicitud, actualización o renovación deberán ser gratuitos.

El Municipio deberá afrontar la compensación
Otro de los aspectos que seguramente formará parte del análisis legislativo es cómo se financiará el régimen.

La propuesta determina que será el Departamento Ejecutivo Municipal el encargado de establecer un mecanismo para compensar económicamente a la empresa prestataria por los viajes efectuados con tarifa reducida o gratuita.

Para ello deberán utilizarse datos verificables que permitan conocer cuántos viajes se realizaron dentro de cada categoría. El texto también establece expresamente que el costo de estos beneficios no podrá trasladarse directamente a jubilados, pensionados o personas con discapacidad.

Los gastos que demande la implementación deberán ser afrontados con partidas del Presupuesto Municipal y contemplados también en los ejercicios posteriores.

El beneficio deberá mantenerse aunque cambie el sistema de pago
Garitano también incorporó al proyecto una previsión ante una futura implementación integral de SUBE u otros medios electrónicos de pago.

La incorporación de una nueva tecnología no podrá eliminar, reducir ni interrumpir los descuentos y gratuidades previstos. Por el contrario, el Municipio deberá garantizar la migración o incorporación de los beneficios al nuevo sistema.

La propuesta incluso establece que estos beneficios municipales serán compatibles con aquellos que eventualmente correspondan por programas provinciales o nacionales.

Informes semestrales al Concejo Deliberante
El proyecto incorpora además mecanismos de seguimiento. La autoridad municipal que quede a cargo del régimen deberá informar al Concejo Deliberante, como mínimo cada seis meses, cuántas personas utilizan los beneficios, cuántos viajes realizaron, cuánto dinero se destinó a compensar a la empresa y qué inconvenientes o reclamos se registraron.

En caso de recibir aprobación legislativa y ser promulgada, la ordenanza deberá reglamentarse dentro de los 60 días y el régimen tendría que encontrarse operativo en un plazo máximo de 90 días desde su promulgación.

La iniciativa comenzará ahora su tratamiento en la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante, donde deberá analizarse su alcance y, especialmente, el impacto económico que implicaría para el Municipio sostener el nuevo esquema de descuentos y gratuidad en el transporte urbano de Puerto Madryn.