La Asociación de Supermercados Unidos –ASU- interpuso una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para dejar sin efecto la implementación de la ordenanza que fija, por 90 días, el cierre a las 19 horas de los supermercados e hipermercados en Puerto Madryn. La presentación se concretó el miércoles pasado el mediodía y que apunta a lograr un pronto despacho sobre la base de los perjuicios económicos que la norma produce a las cadenas.

De esta forman se cerró la instancia de reclamo administrativo para avanzar en la esfera judicial a los efectos de poder cesar en la aplicación de la normativa.

Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU, explicó que “esta semana estuvimos reunidos con los concejales pidiéndoles una suspensión temporaria de la medida. Como no se veía ninguna solución política, entendimos que se había agotado y el miércoles hicimos una presentación judicial. Ahora estamos en la alternativa que nos queda”.

El representante de los supermercados explicó que en la presentación judicial se deja constancia de la “inconstitucionalidad de la norma” y “se pide una medida cautelar con la suspensión de sus efectos previo a resolver la cuestión de fondo”.

Desde la Asociación se cuestionó el denominado “período de prueba” de 90 días que contempla la ordenanza y que esgrimieron algunos legisladores para sostener la aplicación de la legislación.

Juan Vasco Martínez salió al cruce de esa opinión al afirmar y cuestionar “esa forma de generar un beneficio para un determinado sector mediante una a ordenanza que es inconstitucional e inequitativa. Acá faltó un estudio previo que mostrará cuál sería el impacto y no ver que pasará”.

En este sentido, lamentó que en el trámite legislativo previo no fueran consultados los supermercados sobre el proyecto convertido en ordenanza para haber evitado todo el proceso que se avecina en la actualidad.

Con referencia a la reunión mantenida con los legisladores, Vasco Martínez expresó que allí “se debatieron muchas cuestiones. Nosotros expusimos los ejes de nuestra presentación administrativa, que son los mismos que los judiciales, donde hubo cuestiones que nos dejaron perplejos. Nosotros demostramos que esta restricción horaria nos produce un quebrando económico”.

“En la reunión flotaron temas, donde una concejala se hizo eco, y que es el perjuicio a los consumidores. Esta ordenanza impone un nuevo horario de atención al público y a partir del cierre sectorial aleja a los consumidores de acceder al programa de Precios Cuidados y de opciones de compras de una canasta de producto que está en el 30 por ciento a favor de los supermercados. Esa son cuestiones que se debieron haber considerado y se dejaron de lado” expresó el director ejecutivo de ASU.