Edgar Sandanella, representante de los taxistas de Puerto Madryn, expresó su profunda preocupación por la baja actividad turística de la temporada de verano y, fundamentalmente, por las “habilitaciones provinciales que, según denuncian, invaden la jurisdicción municipal” y afectan su actividad.

Sandanella confirmó que la temporada de verano ha sido “muy floja”, con un impacto indirecto pero notorio en la actividad de los taxis. A diferencia de otros años, el movimiento en los traslados entre el aeropuerto, la terminal y los hoteles “no ha mostrado el incremento esperado” con respecto a los meses regulares.

El principal punto de conflicto radica en las autorizaciones emitidas por el Gobierno Provincial para el transporte turístico que, al no ser utilizados para viajes largos, terminan realizando recorridos dentro del ejido municipal, compitiendo directamente con los servicios de taxi regulados localmente.

Los taxistas señalan que la legislación provincial habilita vehículos para transporte turístico colectivo (más de siete pasajeros), pero entienden que al autorizar vehículos de menor capacidad para servicios turísticos internos, se está “infringiendo una ordenanza municipal”.
Sandanella advirtió que estos vehículos, al no tener turismo constante, terminan realizando viajes ilegales dentro de la ciudad. “Es lo mismo que tener una aplicación o los famosos grupos de WhatsApp”, sentenció.
El representante fue claro al exigir que la Provincia asuma su responsabilidad, ya que son quienes habilitan los vehículos, y no puede deslindarse argumentando que la fiscalización recae únicamente en el municipio.

Respecto a las gestiones realizadas ante las autoridades provinciales, Sandanella lamentó la falta de respuesta: “Hasta ahora nada, venimos reclamando y, bueno, una postura bastante cerrada y siempre desvían la atención para otro lado y no quieren aceptar que están equivocados.”

Ante la falta de diálogo y la percepción de que la situación responde a “intereses creados” y factores políticos, los taxistas advirtieron que “seguirán insistiendo” y, de no obtener una respuesta favorable, evaluarán los “pasos administrativos” necesarios para asegurar el respeto a la autonomía municipal y sus ordenanzas.