La tensión laboral en la planta pesquera Conarpesa suma un nuevo capítulo tras el vencimiento de la conciliación obligatoria. Trabajadores del sector, respaldados por el STIA y representados en el lugar por el dirigente Pepe Díaz, se apostaron en los accesos al establecimiento para exigir la cancelación inmediata de los salarios adeudados correspondientes al periodo en que rigió la medida dictada por la autoridad de aplicación.

Según argumentan desde el gremio, la firma —encabezada por el empresario Fernando Álvarez Castellano— incurre nuevamente en irregularidades operativas y salariales al negarse a saldar los 35 días trabajados y negociados en el marco de la conciliación. Los referentes sindicales señalaron que la patronal pretende trasladar el diferendo a los tribunales ordinarios para postergar el pago de haberes, dejando a las familias de los operarios sin ingresos para cubrir gastos básicos como alquileres y servicios.

Desde la entidad gremial exigen la cancelación de los 35 días (un mes y una semana) correspondientes a la conciliación obligatoria y su prórroga. Sustentan que, legalmente, la norma retrotrae el conflicto al estado anterior y exige la cobertura salarial de dicho período.

Asimismo, cuestionan la respuesta del empresario de “no pagar hasta que lo ordene un juez”. El gremio califica esta maniobra como una estrategia deliberada para licuar deudas laborales a costa del tiempo de la justicia.

Una vez más reiteraron las denuncias por el pago de  haberes fuera de término, arranques tardíos y cierres intempestivos de temporada.  De un grupo inicial de 39 operarios afectados, cerca de 15 decidieron no retomar tareas ante el desgaste acumulado.

Ante todo este escenario, desde el STIA alertaron al secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, sobre el riesgo de generar “la ley de la selva” si el organismo estatal no logra hacer cumplir sus propias resoluciones y los dictámenes de conciliación a la firma pesquera.

Desde la dirigencia sindical ratificaron que continuarán con los reclamos en el acceso a la planta hasta tanto la Secretaría de Trabajo intervenga de manera efectiva y la empresa abone la totalidad de los días liquidados que se adeudan a los trabajadores.