En las últimas horas, desde el  Colegio de Abogados de Puerto Madryn y el Consejo de Ciencias Económicas hicieron pública su decisión de no participar del proceso de evaluación de los concursantes presentados para el Tribunal de Cuentas Municipal. En su argumento denunciaron una serie de aspectos que se sucedieron a lo largo de las semanas y que motivaron la decisión de correrse de la evaluación. No obstante ello, dejaron sentado que “aquellos que pudieran ser electos como miembros del Tribunal de Cuentas Municipal surgirán de un proceso viciado de nulidad, solo con el auspicio de los integrantes políticos del Jurado, que han demostrado no estar a la altura de las circunstancias, y sin haber podido convalidar la aptitud para el cargo mediante los representantes de nuestras instituciones”.

El documento afirma que “el Jurado Evaluador comenzó aprobando por mayoría un reglamento distinto al que se había acordado con los representantes del Colegio de Abogados y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, fijando un cronograma para el Concurso en base a plazos extremadamente breves que terminó afectando notablemente la participación de profesionales abogados y contadores, en contraposición a un concurso público que debió ser abierto, transparente y participativo”.

En ese contexto, aseguraron que “el proceso de publicación de la convocatoria fue irregular, incumpliendo con el Reglamento aprobado en cuanto exigía un Edicto con la totalidad de los requisitos legales y reglamentarios, que debió publicarse –y no se hizo- por tres veces en el Boletín Oficial, para poder establecer el comienzo y fin de las inscripciones”.

En otro párrafo el documento puntualiza que “nuestros representantes en el Jurado Evaluador han intentado permanentemente persuadir a las representantes del Poder Ejecutivo y del Concejo Deliberante para encauzar el procedimiento de selección de los integrantes del Tribunal de Cuentas en el marco del Estado de Derecho, procurando un concurso para conformarlo con los mejores postulantes participando en un pie de igualdad mediante un concurso transparente y, sin embargo, solo observamos cómo el poder político de turno avasallaba las instituciones, imponiendo sus condiciones y burlando la ley al prescindir de formas y etapas esenciales de un concurso, por considerar prioritaria la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas antes de la finalización del mandato de los actuales concejales, aprovechando las mayorías circunstanciales que hoy posee el gobierno para obtener el voto nominal de las dos terceras partes de los concejales, circunstancia que jamás podría condicionar el actuar de un Jurado Evaluador independiente e imparcial”.

Asimismo, remarcaron que “hemos cuestionado que el Jurado Evaluador establezca por mayoría, y sin concluir la etapa preparatoria, los días en que deberán presentarse los exámenes escritos, sin cumplir con la antelación suficiente que establece el Reglamento, y que se impusiera un día inhábil para la oposición oral y las entrevistas personales, en un claro conflicto con las previsiones legales y reglamentarias por las cuales toda actividad administrativa debe efectuarse en días hábiles, y pese a haber manifestado la imposibilidad de comparecer ese día por razones de fuerza mayor”.

Asimismo, señalan en el texto que desde ambas instituciones “recusamos sin éxito a integrantes del Jurado que resultan funcionarios públicos que deberán ser auditados por las mismas personas que van a seleccionar en el concurso, impidiendo a todos los postulantes acceder a un concurso frente a un jurado independiente e imparcial, e intentamos que no se admita la postulación del abogado Maza Forconi, impugnado por no reunir los requisitos éticos y legales para la función”.

“Todas las decisiones – agrega el texto- en el Jurado Evaluador han sido tomadas por la mayoría de sus integrantes que representan al Departamento Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante, con la oposición de los representantes de nuestras instituciones, quienes han dejado constancia en cada reunión de las irregularidades detectadas”.

En este sentido, puntualizaron que “nuestra obligación y vocación de llevar adelante un procedimiento legal que garantice, en especial a los profesionales de la abogacía y a los contadores, la transparencia y un Jurado independiente y objetivo, principios básicos de un concurso público de oposición y antecedentes para poder elegir a las personas más idóneas, no puede desarrollarse en estas condiciones”.

Ante todo ello, desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn y el Consejo de Ciencias Económicas denunciaron que ante “este procedimiento irregular del principio al fin, nos impide recibir y evaluar los exámenes de los concursantes que también son sometidos a las exigencias de la política partidaria de la más baja estofa, razón por la cual nos abstendremos de participar en las evaluaciones de los concursantes para el Tribunal de Cuentas Municipal”.

Por último, indicaron y advirtieron “a la opinión pública de nuestra ciudad que aquellos que pudieran ser electos como miembros del Tribunal de Cuentas Municipal surgirán de un proceso viciado de nulidad, solo con el auspicio de los integrantes políticos del Jurado, que han demostrado no estar a la altura de las circunstancias, y sin haber podido convalidar la aptitud para el cargo mediante los representantes de nuestras instituciones”.