Hace pocas horas y por unanimidad, el Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad, un proyecto largamente esperado por las organizaciones de todo el país. La norma, entre otros puntos, establece aumentos urgentes para los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos están congelados desde hace siete meses; y corrige las restricciones impuestas por el Gobierno para acceder a las pensiones por invalidez.

En nuestra ciudad está en plena vigencia y trabajo el Consejo Municipal de Discapacidad y una de sus referentes, Virginia Spera compartió su perspectiva sobre la reciente aprobación de la ley de emergencia para personas con discapacidad y los desafíos que aún persisten en la ciudad.

Spera reconoció la importancia de la ley de emergencia como una respuesta a las necesidades más urgentes de las personas con discapacidad, especialmente en lo que respecta a la actualización de los montos destinados a terapias y asistencia. Sin embargo, enfatizó que se trata de una medida temporal que no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el sector.

“Es una respuesta de emergencia y no que resuelve los problemas de una manera estructural. Atiende sólo los temas urgentes, como la actualización de montos”, señaló Spera quien además, alertó sobre la insuficiencia de los montos establecidos por la ley, que resultan muy bajos en comparación con los costos reales de las terapias y servicios. Esta situación genera una gran presión sobre las familias, que deben cubrir la diferencia o recurrir a profesionales que cobran precios muy bajos, lo que afecta la calidad de la atención.

“Establecen montos mínimos muy bajos y tanto obras sociales como el Estado quedan muy abajo. Entonces, o las familias ponen plata, que en algunos casos son montos inaccesibles, o se meten a los profesionales y que hagan algo que no corresponde, que es cobrar muy poco”, explicó Spera.

Además, destacó que las barreras económicas se suman a las dificultades que ya enfrentan las personas con discapacidad, especialmente aquellas que provienen de familias vulnerables. “Siempre a la discapacidad se le suma el factor económico y social”, afirmó.

Accesibilidad: un derecho básico aún no garantizado

Spera también se refirió a la accesibilidad como un derecho básico que aún no está garantizado en Puerto Madryn. En este sentido, celebró la incorporación de nuevas unidades accesibles al transporte urbano de pasajeros, pero advirtió que aún falta iniciar deuda en las unidades accesibles.

“Accesibilidad que si no existe, sobre todo en el transporte público, no garantiza un derecho básico, como bueno, de trasladarnos, de transportarnos y de llegar a cumplir las obligaciones”, remarcó.

La integrante del Consejo Municipal de Discapacidad también se refirió a la problemática de los taxis accesibles, un reclamo histórico de la comunidad. En este sentido, informó que se están estableciendo criterios con los taxistas y las partes municipales para mejorar la situación.

“Desde el Consejo seguimos planteando la misma postura, el taxis accesible tiene que existir así como tal, remarcando la independencia también de las personas que puedan viajar sentadas en su silla de ruedas y de manera autónoma quienes puedan”, destacó Spera.

Denunciar irregularidades

Finalmente, Spera instó a las personas con discapacidad que sufran algún inconveniente con los taxis accesibles a denunciarlo en la Oficina de Discapacidad municipal, para que se puedan tomar las medidas correspondientes.