Las Organizaciones No Gubernamentales junto a las  familias y personas con discapacidad  hicieron pública su exigencia al Estado del cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Junto a ello, pidieron de manera contundente el  “cumplimiento efectivo de la ley y la asignación de recursos necesarios”, así como la “transparencia y control en la gestión de prestaciones y servicios” y que “la discapacidad deje de ser relegada al final de las prioridades políticas”.

Ante esto realizaron un llamado a la comunidad porque “como sociedad, debemos tomar conciencia y acompañar este reclamo. La discapacidad no puede seguir esperando” agregando que “exigimos al Estado que cumpla con la ley y garantice los derechos que ya están reconocidos”.

Esta postura es acompañada por las organizaciones Aprende a volar, EDDIM, Cultivando sueños, Cereladi, además de personas con discapacidad y sus familias.

Desde el colectivo remarcaron que “la discapacidad no puede esperar. No se trata de un favor ni de una decisión administrativa: es una obligación legal y ética del Estado garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad “fue creada para dar respuesta a una crisis que afecta directamente a miles de personas, sus familias y a las instituciones que sostienen la atención diaria. Su prórroga y cumplimiento efectivo son indispensables para evitar que se profundice un escenario que ya vulnera prestaciones, tratamientos, terapias, transporte, acompañamientos y servicios esenciales”.

En la actualidad las instituciones y las familias advirtieron que “está en juego cada prestación representa la continuidad de la atención de una persona. Cada terapia es la posibilidad de que un niño o niña avance en su desarrollo. Cada institución sostiene trabajadores y profesionales que necesitan un sistema que funcione”.

Asimismo, remarcaron que “si la emergencia vence o se incumple, la crisis se agravará aún más y se pondrá en riesgo la salud, la inclusión y la dignidad de miles de ciudadanos” añadiendo que “no es una opción, es un deber. Se trata de derechos, se trata de salud, se trata de inclusión, se trata de garantizar una vida digna”.

Desde el colectivo de discapacidad se recordó que “detrás de cada prestación hay una persona que necesita la continuidad y calidad de su atención. Detrás de cada terapia hay una familia que lucha para que su hijo/hija pueda avanzar. Detrás de cada institución hay trabajadores que también necesitan que el sistema funcione”.

Para concluir afirmaron que “el Estado argentino tiene la responsabilidad constitucional y legal de asegurar que nadie quede atrás. No cumplir la ley es abandonar a las personas con discapacidad y sus familias”.