En la mañana del lunes, en la plaza San Martín, se realizó el Lanzamiento del Proyecto de Ley de Iniciativa Popular 2020. Chubut tiene una ley que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. Esta ley, sancionada en el año 2003 como Ley 5001 y denominada ahora XVII-Nº 68, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción.

Por esta razón, en el año 2012, “las asambleas de vecines de comunidades chubutenses  que nos oponemos a la minería (UACCH) nos propusimos impulsar una legislación que ampliara la protección ambiental de la Ley 5001, utilizando para ello un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y denominado Iniciativa Popular”.

En el comunicado de prensa, se recuerda que “el arduo trabajo de las asambleas que conformamos la UACCH permitió presentar en mayo del 2014 en la Legislatura Provincial un proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras que fue acompañado con 13.007 firmas”.

Junto a ello, plantearon que “les diputades postergaron hasta el último día su tratamiento y el 25 de noviembre de 2014 cometieron impunemente un “fraude legislativo”, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera. Más allá de la indignación, se solicitó a la justicia la nulidad de la sesión, fundamentada en que no se había respetado la esencia del proyecto y en el conocimiento público de que les legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de  Yamana Gold”.

Asimismo, recordaron que “la Justicia no anuló la sesión y la Legislatura consideró que el proyecto de ley había sido tratado. Sin embargo, la ley resultante, que deshonra el rol de nuestres representantes ante el escándalo producido, nunca fue aplicada y fue derogada un año después. Nos robaron la democracia en la primera aplicación de la iniciativa popular”.

Por último, “les vecines de la UACCH nunca nos detuvimos y desde entonces seguimos reclamando que aún nos deben una ley: una ley basada en los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, principios que deben garantizar el presente y el futuro, que deben impedir el colapso de la naturaleza, que deben modificar el sentido antropocéntrico de las actividades humanas y así poder ubicarnos en un equilibrio con todos los otros seres que habitan el planeta. La IP es la herramienta legislativa elegida desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut para proteger a la provincia de la avanzada minera en los territorios”.