La discusión por la regulación de Uber y otras aplicaciones continúa generando posiciones encontradas en Puerto Madryn. Mientras el proyecto permanece bajo análisis en el Concejo Deliberante, desde el Sindicato de Peones de Taxis de Chubut plantearon que el debate no debería limitarse a permitir o no el funcionamiento de las plataformas, sino incluir las condiciones laborales y las responsabilidades de las empresas.

Su secretario general, Jorge Román, describió además un escenario complejo para la actividad tradicional, que atribuyó tanto a la situación económica general como a la caída del movimiento turístico y la finalización de la temporada pesquera.

“La falta de trabajo se nota muchísimo”
Román señaló que la actividad vinculada con la pesca había generado cierto alivio para taxis y remises debido a los traslados hacia y desde el muelle. Sin embargo, una vez finalizada esa temporada, aseguró que la caída volvió a sentirse con fuerza.

“Hoy la falta de trabajo se nota y el movimiento es muy escaso”, afirmó.

Según las estimaciones del dirigente sindical, tomando como referencia años de mayor actividad, la cantidad de viajes habría disminuido alrededor de un 60%. También consideró que la temporada de ballenas ya no genera el mismo movimiento interno que años atrás.

Choferes con ingresos que rondan los 750 mil pesos mensuales
El impacto se refleja directamente en los ingresos de los trabajadores. Román estimó que actualmente el salario mensual de un peón ronda los 750 mil pesos, cuando en otros períodos había alcanzado entre un millón y 1,1 millones de pesos.

En jornadas favorables, indicó, el ingreso del trabajador puede ubicarse entre 25 mil y 30 mil pesos, aunque aseguró que existen días considerablemente peores.

El dirigente introdujo además otro problema de fondo: afirmó que gran parte de los peones no se encuentra registrada laboralmente. Según explicó, muchos acordaron percibir el 35% de la recaudación, pero sin aportes ni cobertura laboral.

“Están totalmente en negro, no tienen cobertura de nada”, sostuvo, y aseguró que incluso han debido realizar colectas cuando algún trabajador sufrió un accidente y quedó imposibilitado de trabajar.

La falta de ART también condiciona los viajes fuera de Madryn
Román aseguró que la ausencia de registración comienza a generar dificultades adicionales para los servicios que requieren salir a la ruta, entre ellos los traslados hacia aeropuertos, otras localidades o atractivos turísticos.

Según manifestó, existen exigencias provinciales vinculadas con la cobertura de los trabajadores y sostuvo que, si los propietarios pretenden mantener ese tipo de servicios, deberán avanzar en la registración.

“Los trabajadores no están en condiciones de salir a la ruta porque no tienen una ART que los cubra en caso de accidente”, afirmó.

Aplicaciones: piden separar a las empresas de los conductores
Ese escenario laboral es uno de los argumentos que el sindicato lleva al debate sobre Uber y otras plataformas.

Román cuestionó que se establezcan cada vez más exigencias para taxis y remises mientras, desde su perspectiva, todavía no están suficientemente definidas las responsabilidades de las empresas propietarias de las aplicaciones.

Para el sindicalista, una futura ordenanza debería abordar dos cuestiones diferentes.

“Primero hay que dividir las aguas. Hay que hacer un primer proyecto con respecto a las aplicaciones, cuáles son los requisitos para las aplicaciones, y después de ahí enlazar un proyecto para lo que serían los socios conductores”, explicó.

El sindicato sostiene que las empresas deberían registrarse y asumir obligaciones antes de avanzar sobre las habilitaciones individuales de quienes conducen. Román afirmó que ya presentaron una propuesta ante el Municipio y el Concejo Deliberante, aunque aseguró que hasta el momento no fueron convocados formalmente para discutir sus fundamentos.

Cuestionamientos al proyecto que analiza el Concejo
Román fue crítico con la iniciativa que se encuentra en discusión y consideró que fue confeccionada “medio a las apuradas”. Según su interpretación, deberían revisarse distintos aspectos para garantizar compatibilidad con la legislación nacional de tránsito, laboral y comercial.

El dirigente sostuvo que una regulación que no defina claramente las responsabilidades de cada actor podría derivar posteriormente en conflictos administrativos, laborales y judiciales.

Sus objeciones se producen mientras el Concejo continúa discutiendo el tratamiento de las plataformas. En la última sesión ordinaria participaron representantes de taxistas, remiseros y trabajadores vinculados con aplicaciones, aunque el proyecto de regulación no fue sometido a votación.

Reclaman ser convocados antes de una definición
Román aseguró que el sindicato continuará buscando reuniones con los concejales antes de que el proyecto llegue al recinto.

“No hemos tenido la seriedad y la responsabilidad de que quienes hoy legislan nos llamen y nos digan: ‘¿Cuál es el planteo?, ¿cuál es la situación?’”, cuestionó.

Más allá de las diferencias, el planteo sindical incorpora así un aspecto adicional a una discusión que hasta ahora estuvo fuertemente atravesada por la competencia entre taxis, remises y aplicaciones: las condiciones laborales de quienes están detrás del volante.

Con una actividad que, según Román, perdió cerca del 60% de su movimiento y con buena parte de los peones trabajando sin registración, el sindicato reclama que la futura regulación no se limite a establecer requisitos para los vehículos y conductores de plataformas, sino que también determine qué responsabilidades corresponden a las empresas y qué garantías laborales tendrán quienes presten el servicio.