El Enlace Chubut CLADEM – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y múltiples organizaciones provinciales y nacionales  emitieron un comunicado repudiando las declaraciones del Gobernador Ignacio Torres quien denunció a un juez de Sarmiento por haber ordenado a la obra social SEROS a cubrir una intervención quirúrgica de cambio de sexo.

“El Gobernador acusó al juez de demagogo, irresponsable e ignorante, también ideologizado y populista. En línea con los momentos críticos que vive la República Argentina en cuanto a su historia institucional, sus dichos amenazantes y agraviantes contra un magistrado del poder judicial vulneran gravemente la independencia de los poderes”, señalan y agregan: “El gobernador Ignacio Torres desconoce la plena operatividad y vigencia de la Ley 26.743 y de los tratados internacionales y expone a nuestro país a la responsabilidad internacional por no honrar el compromiso de garantizar los derechos humanos de las personas bajo su guarda”.

Es importante señalar que la vía legal para intentar revertir una sentencia judicial es la apelación a instancias judiciales superiores, vía que el estado provincial no uso, dejando vencer los plazos legales.

“La sentencia que quedo firme no hizo más cumplir con la Ley de identidad de género (26.743) que dispone lo siguiente: “todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, (…) acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género auto-percibida, sin necesidad  de requerir autorización judicial o administrativa”, remarcaron.

Alejandra Tolosa, abogada y referente en temas de género y feminismos, dialogó con Noticias PMY como referente de CLADEM y remarcó que “Lo que llama la atención es, más allá de su estilo agresivo, de que sea en las redes en un tono amenazante, que esto claramente es contra la división de poderes. Quienes tienen que defender los intereses de la obra social no es el juez que tiene que calcular cuánto dinero tiene la obra social o no tiene la obra social. Lo que el juez tiene que aplicar es la ley, la constitución, los derechos de las personas, que en este caso los aplicó. Le guste o no le guste al resto de la población, al gobernador, a quien sea”.

Es importante remarcar que la Ley de Identidad de Género señala que “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”, ya que todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio.