El bloque del PJ- FPV presentó un Pedido de Informes dirigido a las autoridades de Servicoop con el fin de poder recabar de datos que clarifiquen distintos aspectos de la vida institucional de la prestadora de servicios.  Asimismo, la presidenta del bloque –Claudia Bard- afirmó que la cooperativa “cobró, durante cinco años, mal la factura”.

Tras avanzar en detener la solicitud de un ajuste de tarifas y, en paralelo, congelar el cuadro tarifario vigente la primera minoría del cuerpo deliberativo decidió pisar el acelerador y requerir un bagaje de información que permitirá tener un mapeo de la realidad de la cooperativa relacionado al personal, obras ejecutadas y las formas de contratación de las empresas contratistas.

En paralelo al Pedido de Informes, la presidenta del bloque de concejales por el PJ-FPV aseguró que “Servicoop, durante cinco años, cobró mal la factura porque los aumentos no pasaron por el Concejo Deliberante” agregando que esto era una práctica recurrente que se modificó tras el fallo condenatorio en primera instancia. Al respecto, Claudia Bard afirmó que la prestadora de servicios tiene “sobre su espalda el tema de haber hecho esto fuera de la ley y que tengan un fallo de primera instancia a favor de quien presentó el recurso jurídico por haber cobrado mal las facturas”.

Aclarando el panorama

Ante el nuevo pedido de las autoridades de la cooperativa para que los ediles ratifiquen los incrementos otorgados, sin el aval del cuerpo deliberativo, los miembros del bloque PJ-FPV resolvieron requerir una serie de informaciones al consejo de administración.

Bard detalló que lo solicitado apunta a contar con datos precisos sobre “la cantidad de personal registrado que tiene Servicoop a la fecha, el ingreso de personal en los últimos 24 meses, la cantidad de personal registrado en condiciones de retirarse o jubilarse, así como los sueldos y honorarios que perciben los miembros del consejo de administración, la cantidad de medidores activos registrados y  cuántos medidores de obras hay habilitados, así como las obras de infraestructuras iniciadas desde el año 2014”. La última requisitoria está relacionada a la Ley I 539, que fija la tasa de referencia, que preveía la creación de un fondo provincial destino a la realización de obras de infraestructura. En este punto específico no solo se piden datos sobre las obras ejecutadas sino “qué empresas se contrataron, a través de qué modalidades y cómo fueron los pagos”.

En lo relacionado a los medidores de obra, la edil describió una situación de iniquidad que se produce entre los propios socios y usuarios de la cooperativa. “El mensaje de la cooperativa es que nos peleemos los pobres contra los pobres” afirmó Bard, quien profundizó su pensamiento al sostener que “en pleno centro de la ciudad y con gente de mucho poder adquisitivo hay edificios registrados con medidores de obra. Allí cada usuario termina pagando –alrededor- de 500 pesos mensuales a Servicoop porque el costo del medidor único, habilitado como de obra, se prorratea por los departamentos existentes. Esa gente está colgada a la red de energía y no paga como el resto de los usuarios”.