Las diferentes entidades sindicales pesqueras, entre ellas SOMU, SUPA y el STIA, emitieron un comunicado de prensa donde se analizaron la decisión de las empresas de paralizar la actividad en el puerto Rawson. Esta medida fue calificada como “lock out” patronal por las entidades sindicales, quienes lo rechazaron “por ser el mismo ilegítimo, irrazonable e injustificado”.

Las entidades sindicales aseguraron que “no existe motivo alguno que justifique la paralización de la actividad, dado que lo expresado por la parte empresarial, responsabilizando a las entidades sindicales, resulta totalmente alejado de la realidad y reñido con la buena fe, máxime cuando la actividad pesquera antes del dictado del Lock Out patronal se desarrollaba de manera normal y habitual, razón por la cual desconocemos y repudiamos la medida de fuerza dispuesta por la parte empresarial”.

Por otra parte, los representantes de los trabajadores explicaron que “si bien, a nadie escapa que en toda relación entre trabajadores y patronales existen intereses contrapuestos, ello no resulta suficiente para adoptar el Lock Out patronal, debiendo la parte empresarial velar por la continuidad de la actividad y la paz social mentada”. Asimismo, aclararon los gremios que “en todo caso atender paralelamente los reclamos sectoriales que pudieren plantearse, pero bajo la estricta premisa de hacerlo en el marco de la responsabilidad empresarial que tienen como explotadores del recurso de dominio del Estado Provincial”.

En el comunicado de prensa se afirma que “dicha paralización irrazonable en las hechos se traduce en un perjuicio directo a toda la cadena productiva, la cual afecta enormemente a miles de familias que se encuentran ligadas a la actividad pesquera, ya que, como consecuencia de la paralización de actividades, se provoca un perjuicio económico en los trabajadores afectados, del mismo modo que se resiente toda la cadena ligada a la pesquería”.

Por último, los gremios vinculados al sector pesquero manifestaron que “creemos necesario y oportuno instar al gobierno provincial para que tome cartas en el asunto e intervenga de manera urgente en este conflicto unilateral empresarial, no sin dejar de recordar que el estado es el administrador y dueño del recurso que en este caso explota la parte empresaria”.