La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut llevó adelante días atrás una extensa reunión informativa sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal del Chubut que lleva el número 70/24 y que el Poder Ejecutivo Provincial elevó a la casa de las leyes para su tratamiento.

Desde el oficialismo se remarca que “los objetivos pasan por acelerar los procesos, lograr efectividad y evitar lo que la sociedad percibe: que la falta de efectividad lleva a que no se llegue a juicio; esa expresión que la gente intuitivamente ve, que entran por una puerta y salen por la otra. Es lograr que el código sea una herramienta al servicio de los operadores del sistema, que son básicamente los jueces y, sobre todo, los fiscales”.

Participaron como disertantes en este espacio el Dr. Leonardo Pitcovski, juez de la Cámara Penal de Puerto Madryn; Patricia Reyes, jueza de Puerto Madryn e integrante de la Asociación Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA) y Marcela Pérez Bogado, jueza penal de Puerto Madryn.

Patricia Reyes dialogó con Noticias PMY y destacó que “fue una jornada informativa sobre la reforma al Código Procesal Penal del Chubut y estuvieron representados distintos ámbitos de la justicia. Todos coincidimos en que después de tantos años del Código Procesal Penal actual hay que ajustar y modificar en pos de mejorar el servicio a la justicia. Estas reformas veíamos que tenía algunos inconvenientes y chocaban con algunos artículos del mismo código y con la Constitución. Advertimos que había artículos que no estaban bien planteados. Se nos dio la posibilidad de explicar estos aspectos por lo que creemos que fue muy nutritivo nuestro aporte”.

“Nos preocupaba que sea un proyecto enviado por el Gobernador y que la Legislatura aprobara tal cual y dejamos en claro muchos, que la reforma en el código no puede responder nunca a cuestiones de criterios de jueces que piensan que con eso van a solucionar  los problemas de fondo, como inseguridad. El problema más crítico hoy lo tiene Trelew pero todas las ciudades tiene sus problemáticas y nadie desconoce que el problema está pero tampoco será una solución a la inseguridad la reforma del código procesal penal. Tener más personas privadas de la libertad es un problema que ya está y que será aún mayor en breve. No hay una política penitenciaria provincial. Las dependencias no dan abasto, los mismos policías que hacen prevención son los mismos que cuidan a los presos. Hay problemas más urgentes que atender. Hay que tener en cuenta todo el conjunto de un sistema procesal”, agregó Patricia Reyes.

Finalmente, la jueza penal, integrante de AMJA, señaló que “los legisladores recibieron toda la información de todos los actores invitados. Nos ofrecimos a hacer un trabajo conjunto para mejorar este código. Se dejó información, estadísticas, etc. Algunas cosas que se pensaban que mejorarían el código no estaban plasmadas en las estadísticas locales. Los tiempos de la política son muy rápidos y chocan con estas cuestiones si se quieren hacer de forma correcta. La ley se realiza en una generalidad, las reformas se realizan en su conjunto para toda la sociedad”.