La abogada penalista Mariana Barbitta, presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), presentó en Puerto Madryn el primer libro de la organización, en una actividad realizada en el ámbito universitario que, según destacó, superó las expectativas tanto por la convocatoria como por el intercambio generado con los asistentes.

La publicación reúne parte del recorrido construido durante los primeros diez encuentros nacionales de la Asociación, creada en 2012 y con una impronta federal. A lo largo de esos años, la entidad abordó cuestiones como la legítima defensa en contextos de violencia de género, el lenguaje inclusivo, la interrupción voluntaria del embarazo, las políticas públicas y los derechos de las víctimas.

Barbitta explicó que la organización nació a partir de la necesidad de generar un espacio para las mujeres dentro de un ámbito históricamente pensado y ocupado mayoritariamente por varones, incorporando las experiencias de abogadas litigantes, juezas, fiscalas y defensoras.

La penalista valoró los avances registrados durante los últimos años, aunque consideró que las desigualdades estructurales continúan presentes, especialmente en el acceso de las mujeres a los principales espacios de decisión dentro de la Justicia.

“Las cabezas siguen siendo varones”, sintetizó, al tiempo que sostuvo que todavía persisten estereotipos y situaciones de violencia que obligan a continuar trabajando en la construcción de una ciudadanía más igualitaria.

Perspectiva de género sin mayor punitivismo
Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue la necesidad de diferenciar la perspectiva de género de una política de endurecimiento de las penas.

Barbitta definió a la Asociación como feminista pero no punitivista y sostuvo que el derecho penal tiene límites para solucionar problemáticas sociales profundamente arraigadas.

“El derecho penal no va a resolver los conflictos históricamente arraigados en la cultura machista y patriarcal”, afirmó.

En ese sentido, consideró indispensable fortalecer herramientas preventivas y educativas desde edades tempranas y mencionó particularmente a la Educación Sexual Integral y la Ley Micaela.

También expresó preocupación por los retrocesos que, desde su perspectiva, se produjeron en determinadas políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y asistir a víctimas. Entre otros aspectos, cuestionó el cierre del Ministerio de las Mujeres y el desfinanciamiento o discontinuidad de programas específicos.

Asimismo, defendió la permanencia de la figura del femicidio dentro del Código Penal, al considerar que permite visibilizar una forma extrema de violencia vinculada con la desigualdad estructural entre varones y mujeres.

Críticas al abordaje penal de niños y adolescentes
Barbitta también se refirió al nuevo régimen penal juvenil y manifestó una posición crítica respecto de la reducción de la edad de punibilidad y, particularmente, de la posibilidad de responder mediante el encarcelamiento a los conflictos protagonizados por adolescentes.

Para la especialista, antes de recurrir al sistema penal deben analizarse las condiciones sociales y las responsabilidades del propio Estado.

“Es más fácil agarrar el mecanismo del derecho penal para resolver el conflicto que pensar por qué llegamos a esta situación”, planteó.

Consideró que el sistema debe priorizar políticas de prevención y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente teniendo en cuenta las dificultades existentes en el sistema penitenciario y las posibilidades reales de reinserción.

“El encierro de por sí fracasa”, sostuvo, y advirtió que detrás de muchos jóvenes que llegan al sistema penal existen previamente dificultades de acceso a derechos fundamentales como la educación.

La presentación en Puerto Madryn dejó así un debate que excedió ampliamente al libro. Barbitta destacó especialmente las preguntas y discusiones que surgieron durante la jornada y adelantó la intención de continuar desarrollando actividades de la Asociación en la ciudad, profundizando el intercambio sobre derecho penal, igualdad, políticas públicas y perspectiva de género.