El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabeza el trabajo que tiene como objetivo de este gobierno provincial avanzar en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Sin embargo, asociaciones relacionadas con la Justicia alzaron la voz a través de un comunicado contra esta reforma: “Una reforma inconstitucional e innecesaria que sólo profundizará la ineficacia” señala el comunicado firmado por Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC); Asociación Argentina de Profesoras/es de Derecho Procesal Penal (AAPDP); Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ).

“El Gobierno de Chubut hizo suyo un proyecto del Ministerio Público Fiscal para modificar el Código Procesal Penal. Pero los problemas de criminalidad de la provincia no se resolverán con reformas legislativas, sino con fiscalías y policías que trabajen mejor. La reforma va en el sentido exactamente opuesto, al facilitar la burocratización y la lentitud judicial. Además, en forma velada, pretende vaciar de competencia al juicio por jurados, un retroceso manifiestamente inconstitucional. La Legislatura de Chubut se apronta a tratar un proyecto que, en nombre de la lucha contra la inseguridad, sólo permitirá que jueces, fiscales y policías empeoren su desempeño. El verdadero objetivo de sus redactores no es la mejora de la seguridad o la reducción del crimen, sino la eliminación de los plazos procesales y la reducción de la carga de trabajo de los jueces”, inicia el comunicado.

Chubut, pionera a nivel nacional en la disminución de los tiempos judiciales, cedería así ante la presión del órgano acusador, en detrimento del derecho de los imputados, de las víctimas y de la sociedad a tener una justicia rápida y eficaz.

“La reforma introduce en su artículo 5º (modificatorio del 71 del CPPCh) un velado intento de vaciar de competencias al juicio por jurados, al ampliar los juicios unipersonales. La confusa  redacción del artículo podría habilitar a que la ciudadanía vea vedado su derecho a participar de la administración de justicia en la enorme mayoría de los casos. Este retroceso es inconstitucional: una vez que las provincias cumplieron con la triple manda constitucional de implementar el juicio por jurados, no pueden retroceder ni reducir su competencia”, agrega.

“El Gobierno de Chubut se equivoca si cree que con este proyecto modificará las altas tasas de homicidio u otros problemas de criminalidad que tiene la provincia. El Ministerio Público Fiscal no necesita extender los plazos de sus investigaciones, sino investigar mejor. Las estadísticas son elocuentes: En algunos delitos, como los robos, 9 de cada 10 casos que ingresan a las fiscalías son con autor desconocido, en una clara muestra de las dificultades de la policía para investigar; Las tasas de eficacia del Ministerio Público Fiscal, llamativamente celebradas por la propia institución, muestran que en 2021 (último año disponible) el 92% de los casos penales quedaron sin ninguna respuesta mínimamente eficaz (condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios); En jurisdicciones como Trelew, el MPF judicializa apenas el 10% de los casos que le ingresan. Y, de los casos judicializados, el 21% corresponden a “tentativas de hurto en supermercados”. Es decir, delitos menores, fácilmente prevenibles y cuya persecución penal no afecta los mercados criminales que explican los verdaderos problemas de inseguridad de la provincia”, se manifiesta en el documento.

¿En qué mejorará la vida de la ciudadanía que los fiscales puedan demorarse aún más en cerrar los casos? “En nada. Por el contrario, sólo reducirá las chances de que las fiscalías hagan lo que se necesita para mejorar su eficacia: no gastar excesivos recursos en delitos menores y, de ese modo, poder asignar más recursos a los casos verdaderamente graves y a los mercados que explican el aumento de la violencia, como el de armas de fuego ilegales. La criminalidad requiere soluciones eficaces. Sin dudas, mejorar la justicia penal es una de las medidas necesarias. Pero la reforma propuesta no lograría esa mejora. Lo único que estaría haciendo el Gobierno con esta ley sería conceder al Ministerio Público Fiscal y a los demás actores la excusa ideal para que sigan sin hacerse cargo de sus problemas de funcionamiento. Si se aprueba, en unos pocos meses la realidad demostrará la inutilidad de esta reforma y, con suerte, en ese entonces el Gobierno aceptará que el problema no está en la ley, sino en las prácticas. En vez de patear la pelota para adelante, ¿por qué no afrontar el verdadero problema ahora mismo?”, finaliza.