Las autoridades de Servicoop hicieron pública la preocupación que existe ante la puesta en marcha de una planta desalinizadora privada, en particular por las implicancias que ello puede generar. Esteban Abel, presidente del consejo de administración, brindó un detalle de las acciones que se están llevando a cabo y advirtió sobre las consecuencias técnicas, económicas y sociales que este tipo de emprendimientos pueden generar.

La máxima autoridad de la prestadora de servicios explicó que con el objetivo de defender a sus aproximadamente 35 mil socios, Servicoop ha enviado notas formales a múltiples organismos del Estado provincial, municipal e instituciones del sector. Entre las entidades notificadas se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente, el Ministerio de Producción, el Instituto Provincial del Agua (IPA), el ENRE, el asociativismo y la Federación de Cooperativas. A nivel municipal, las notas fueron dirigidas a la Secretaría de Obras Públicas y al Concejo Deliberante.

A través de estas presentaciones, la cooperativa busca conocer la génesis del proyecto de la empresa productora de aluminio primario, sus estados de aprobación y el marco legislativo que lo ampara. Abel recordó que la Ley 189 establece claramente que la concesionaria de los servicios públicos de agua es la cooperativa. Asimismo, el reglamento interno de agua de Servicoop estipula que cualquier socio debe solicitar una autorización formal e informar si planea utilizar un elemento alternativo para su provisión de agua.

Uno de los puntos más críticos señalados por la conducción de Servicoop es el impacto financiero que provocará la desconexión o disminución del consumo de Aluar. El sistema de agua potable de la ciudad tiene un costo de operación sumamente elevado: solo el transporte del recurso desde Trelew (a lo largo de 60 kilómetros) demanda una factura de energía eléctrica de entre 500 y 600 millones de pesos.

Para sostener este costoso esquema, la cooperativa aplica un tarifario con valores diferenciales para el agua de uso industrial, especialmente en procesos vinculados a productos de exportación. “Ese valor diferencial tiene que ver con sostener todo el sistema de agua potable”, explicó Abel, detallando que estos ingresos permiten que la tarifa residencial para los vecinos comunes no sea tan elevada y hacen posible el sostenimiento de subsidios clave, tales como la tarifa para jubilados, personas con discapacidad, y las subvenciones a clubes de barrio y universidades. La pérdida de un cliente de esta magnitud genera un déficit económico directo en la estructura de costos de la cooperativa.

“Nosotros tenemos armada la configuración de costos en base a todos los clientes y este diferencial que pagan algunas empresas tiene que ver con sostener el servicio y que doña Rosa puede tener agua en su casa y que no le salga tan cara” explicó el presidente del consejo de administración.

Desde Servicoop expresaron su profunda preocupación de que este caso siente un precedente y desate un “efecto dominó”. Abel advirtió que ya se observan movimientos en otros sectores industriales y loteos que evalúan instalar sus propias plantas de desalinización para abaratar costos individuales.

“Nos preocupa que empiece a haber emprendimientos de particulares o de industrias y que terminen resolviendo de manera particular su provisión de agua y que no sea un pensamiento a nivel ciudad”, concluyó, remarcando que la solución de fondo para el déficit hídrico debe ser colectiva y liderada por el proyecto de la planta desalinizadora de la cooperativa para el beneficio de todos los vecinos de Puerto Madryn.

Para concluir el presidente de Servicoop reconoció que “estamos preocupados porque tenemos que pensar en el futuro de la ciudad y tenemos que pensar en el bien del vecino” aunque aclaró “no podemos negarle a una empresa que mejore tecnológicamente sus procesos. Lo que sí nos parece que eso tiene que estar regulado y que lo que se tiene que pensar primeramente es en el bien de nuestros socios y de nuestros vecinos”.